El Plan B de la reforma electoral continúa siendo el principal tema del debate político en el país. Y es que mientras la oposición recurre a tácticas de desinformación y a falacias para desviar la atención, la realidad es que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por la coalición Morena-PT-PVEM representa un paso firme hacia la consolidación de una democracia más justa y con austeridad. Esta reforma responde a los principios por los cuales Morena llegó al poder, para poner límites a los privilegios y devolver la voz al pueblo de México.

Primero, debemos reconocer la fortaleza de la coalición gobernante. La oposición soñaba con ver un rompimiento, pero la realidad es que, a través del diálogo, las dirigencias de Morena, PT y PVEM han mostrado un respaldo total a la iniciativa. Esta es una prueba de que cuando vamos juntos, somos más fuertes. Desde 2018, esta coalición ha sacado adelante 145 iniciativas, demostrando que cuando se gobierna con responsabilidad social, el consenso es posible.

Pero, ¿a qué le teme la oposición? La respuesta es sencilla: a perder sus privilegios. El Plan B busca, entre otras cosas, poner un alto a los sueldos millonarios de los dirigentes partidistas. Que las dirigencias de los partidos de oposición tengan sueldos millonarios, mientras los mexicanos comunes ganan apenas una fracción, es un insulto a la inteligencia y al esfuerzo del pueblo. Que los municipios tengan de siete a 15 regidurías, en lugar de tener hasta 28, o que congresos locales con poblaciones similares tengan presupuestos desproporcionados, no es administración, es derroche.

Y es que, ante la falta de argumentos sólidos, la estrategia de la oposición ha sido recurrir nuevamente a la desinformación. Han intentado instalar la falsa narrativa de que se busca hacer "propaganda política" con la revocación de mandato, cuando lo que se plantea es simplemente permitir que la presidenta pueda discutir abiertamente un ejercicio democrático, algo que en 2022 se le prohibió al presidente López Obrador.

También han recurrido al argumento del "centralismo", confundiendo poner límites al gasto público con invadir competencias. Nada más alejado de la realidad. El federalismo mexicano se basa en el equilibrio entre la unidad nacional y el autogobierno local. El Plan B no crea autoridades intermedias, ni le quita funciones a los municipios; simplemente ajusta la ley para que los recursos se administren con criterios poblacionales y no de capricho.

En política, la altura de miras se demuestra en los momentos de desacuerdo. Morena y aliados hemos demostrado que no tenemos miedo a someternos al escrutinio del pueblo. Lo hicimos en la revocación de mandato de 2022 y en la consulta de revocación en Oaxaca. Aceptamos lo que el pueblo decida porque entendemos que el poder no es un instrumento de imposición, sino una responsabilidad frente a las demandas sociales. El Plan B no es más que un mecanismo para que esa responsabilidad se ejerza con más honestidad, más transparencia y menos lujos para una élite política que sigue viviendo de espaldas a la realidad del país. La voluntad del pueblo no se negocia, y el pueblo ha decidido que ya es hora de terminar con los privilegios.

DIPUTADO FEDERAL Y VOCERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXVI LEGISLATURA

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