El lunes comienza en Washington una negociación que pinta como una prueba de resistencia para el modelo industrial de Norteamérica. La delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard llegará a la mesa con la dura encomienda del futuro del T-MEC y, dentro de él, el destino de la industria automotriz que hoy representa cerca del 4 por ciento del PIB nacional y más del 20 por ciento del producto manufacturero. Vaya reto.

La cláusula de revisión obliga a decidir si el acuerdo se prolonga o si se abre un periodo de revisiones anuales que, en los hechos, mantendría a la región con la incertidumbre instalada de manera permanente. Asociaciones como la AMDA, comandada por Guillermo Rosales Zárate; la AMIA, que preside José Rogelio Garza Garza, y la ANPACT, encabezada por Rogelio Arzate, advierten que lo que ocurra en esta revisión impactará la estabilidad de las cadenas productivas. Y es que no se trata sólo de exportaciones o aranceles, sino de un entramado industrial que conecta plantas, proveedores y miles de empleos a ambos lados de la frontera.

El problema es que la discusión llega en un momento incómodo, por decir lo menos. Este año entró en vigor el umbral de 75 por ciento de Valor de Contenido Regional en autopartes clave y la regla de “fundido y colado” que exige que 70 por ciento del acero y aluminio provenga de la región. Sobre el papel, el sistema fortalece la integración regional. En la práctica, el arancel de hasta 50 por ciento al acero mexicano impuesto por Washington mete ruido en la ecuación: se exige integración… mientras se encarecen los insumos que la hacen posible.

Donde la tensión se vuelve más evidente es en el segmento de vehículos pesados. México se mantiene como el principal exportador mundial de tractocamiones, pero las cifras recientes cuentan otra historia. En el primer bimestre de 2026 la producción cayó 50.5 por ciento y las exportaciones retrocedieron 42.6 por ciento. Con más del 90 por ciento de los envíos dirigidos a Estados Unidos, cualquier giro proteccionista pega de inmediato en la línea de producción, el empleo y la inversión.

En ese contexto, el sector llega a la revisión con tareas hechas, pero también con varias cejas levantadas. Hoy el contenido regional de los vehículos pesados producidos en México ronda el 64 por ciento y el objetivo es alcanzar el 70 por ciento hacia 2027. Para lograrlo se plantea ampliar la proveeduría local, atraer inversión en componentes de telemática y fortalecer cadenas Tier 2 y Tier 3. La apuesta es sustituir importaciones asiáticas y profundizar una plataforma regional más robusta.

El problema es que la política comercial estadounidense parece ir justo en sentido contrario. Los aranceles bajo la Sección 232 al acero y las tarifas de hasta 25 por ciento a camiones y componentes alteran las decisiones de inversión. En plantas de vehículos ligeros ya se observan ajustes laborales y expansiones que avanzan con el freno puesto. En el segmento de carga, donde los márgenes son más estrechos, la presión es todavía mayor.

Si la revisión del T-MEC logra eliminar distorsiones arancelarias y mantener reglas claras, la región puede consolidarse como la fábrica de Occidente frente al avance asiático. Pero si no ocurre así, la industria automotriz —especialmente la de vehículos pesados— podría entrar en una etapa de ajustes silenciosos que, como suele pasar, primero se sienten en las plantas… y después en toda la economía.

Quien sabe si en el búnker de Instituto Nacional Electoral pensaron en el efecto político de su decisión, pero lo cierto es que al bajar el spot del PRI contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, terminaron echándole más gasolina al incendio que ya ardía en torno al caso de la pedrera Matrimar.

El promocional —basado en el audio donde aparece el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez— no podrá transmitirse por radio y televisión por tratarse, según los consejeros, de material obtenido de forma ilegal y con posibles tintes de calumnia.

Pero el detalle es que el tema no nació en un cuarto de guerra partidista, sino en una investigación publicada por un diario muy importante de esa región. Total, que aunque el spot ya no salga al aire, la duda sobre los “pagos fuertes” para que las empresas operen en Nuevo León difícilmente se apagará con solo apretar el botón de mute.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

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