Entre acusaciones de presunto tráfico de influencias, falta de idoneidad política, contrataciones públicas irregulares y reuniones al margen de los canales oficiales, Perú suma otro presidente que no logra completar su mandato. El 17 de febrero de este año, después de tan solo cuatro meses, el Congreso de Perú removió a José Jerí del Ejecutivo. La ciudadanía será convocada a las urnas el 12 de abril mientras un jefe de Estado transitorio llena la silla.

En solo una década, Perú ha tenido ocho presidentes. Poco a poco, la inestabilidad se ha convertido en la normalidad política. Pero los periodos que no terminan con conteo de votos y actas de mayoría no pueden explicarse únicamente a partir del comportamiento de una persona. En realidad, esta dinámica se cimenta en cuestiones menos visibles, pero de gran calado: contrapesos amplios, dispersión del poder generalizada y una ciudadanía relegada a un rol pasivo.

Tras el intento de autogolpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo en 2022, el Congreso fortaleció su capacidad de control, lo que en la práctica ha limitado el margen de acción de la presidencia. En este contexto, la “cuestión de confianza” -mecanismo que permite al Ejecutivo presionar al Legislativo e incluso propiciar su disolución- se convirtió en un eje central de la disputa por la supremacía política. Dentro de este escenario, el Tribunal Constitucional ha asumido un papel decisivo, pues sus interpretaciones pueden inclinar la balanza del poder; por ello, su composición y decisiones se han vuelto objeto de disputa entre mayorías circunstanciales.

Pero la presidencia peruana no es el único actor particular de la política andina. El Congreso de Perú no articula un proyecto ideológico estable. Por el contrario, predomina la inercia de una coalición heterogénea sin un rumbo común, sobre la creación de alianzas sostenibles. Incluso se han evidenciado élites económicas formales y redes ligadas a economías informales -minería, pesca, transporte y extracción de recursos renovables- cuyos objetivos residen en negociar excepciones y evadir reglas sobre hacer Estado.

Por eso no solo es la dispersión del poder lo que fomenta ese -no necesariamente positivo- dinamismo, sino su efecto práctico. Que la política se organice alrededor de transiciones y no de responsabilidades implica que la discusión se centre en quién ocupa el cargo y no en qué compromisos asume, con qué capacidades cuenta y qué incentivos tendrá para sostener decisiones estratégicas para lo público. El resultado es una presidencia temporal rodeada de redes permanentes que presionan por privilegios o excepciones. Más que sustituciones, la alternancia desordenada se convierte en una coreografía que simula control sin producir conducción. La pregunta es clara e incómoda: ¿quién conduce un país cuando la política se limita a reemplazar mandatos inconclusos?

La lección es clara: no podemos permitir que la ciudadanía se acostumbre al vacío. En Lima, la destitución del presidente fue recibida con la frase “todo es igual, nada cambia”. A esta fragmentación electoral por falta de entusiasmo hacia la oferta política, rechazo a las élites y desconexión con partidos, la politóloga María Victoria Murillo la ha bautizado como “descontento vertical” caracterizado, incluso, por menor participación y protestas masivas.

El desgaste político en Perú no radica en la constante sustitución de presidentes, sino en un sistema político donde el poder se disputa entre una rendición de cuentas limitada y una ciudadanía que observa a la distancia. El 12 de abril habrá elecciones, pero el verdadero reto está en que la oferta despierte entusiasmo. Más allá de las campañas y las urnas, las democracias se desgastan cuando cambia la superficie y el fondo queda inmóvil.

Presidenta del Instituto Electoral del Edomex

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