Ángel Heladio Aguirre, exgobernador de Guerrero, es una pieza de sacrificio en el caso Ayotzinapa, para desviar la atención de una exoneración vergonzosa, por ser absoluta, del Ejército en la desaparición de 43 normalistas en 2014, que le está costando mucho trabajo al gobierno federal de probar su valor. Lo detuvieron la semana pasada por presuntamente haber ordenado el ocultamiento de unas grabaciones aquella noche que no tienen ningún peso para resolver el crimen. Es una nueva jugarreta gubernamental del régimen de la ‘4T’ que lleva ocho años tratando de combatir la versión del exprocurador Jesús Murillo Karam, que llamó “la verdad histórica”.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha sido abordada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con un enfoque político. Murillo Karam postergó la detención del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca –avalado por López Obrador–, con fines electorales, e ignoró la petición meses antes del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, de que lo procesaran por crímenes anteriores. López Obrador nombró a Alejandro Encinas para saber lo que había sucedido, y construyó la “verdad alterna”, culpando al Ejército, que le costó el cargo. López Obrador blindó al Ejército, que es lo que ha mantenido Sheinbaum.

Murillo Karam llegó a la conclusión de que los normalistas fueron detenidos por policías municipales, y entregados a sicarios de Guerreros Unidos, que los mataron. Lo mismo dijo Encinas y lo mismo dirá la fiscal Ernestina Godoy. Lo que cambia en cada caso son los perfiles y prominencia de los actores, donde........

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