El gobierno suscribió este lunes con el sector empresarial un acuerdo para realizar un conjunto de acciones inmediatas para promover la inversión.

Se trata de una serie de ajustes que buscan, en sus propias palabras, fortalecer la certeza jurídica, la eficiencia administrativa y la inversión productiva.

Leído textualmente, en la parte referida a los temas fiscales, el documento es un catálogo casi simétrico de los reclamos que la iniciativa privada ha acumulado ¡contra el SAT! durante los últimos años. Eso, en sí mismo, merece analizarse.

El acuerdo establece, entre otras cosas lo siguiente: una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente; el uso de la restricción de sellos digitales y la cancelación de RFC solo como mecanismos de última instancia; el respeto a la proporcionalidad tributaria; la aceleración de devoluciones, y la observancia de tratados internacionales para evitar la doble tributación. Cada principio tiene destinatario. Pero hay uno que merece análisis aparte.

Es el quinto: las auditorías observarán el principio de no retroactividad en........

© El Financiero