Pocas estadísticas retratan con tanta crudeza uno de los mayores lastres que tenemos en México como las dos cifras sobre informalidad que el INEGI publica.

La primera: en marzo de 2026, 54.8% de la población ocupada —33 millones de personas— trabajaba en la informalidad. La segunda, publicada en diciembre pasado es la Medición de la Economía Informal: en 2024 la economía informal aportó apenas 25.4% del PIB.

Contrastadas, las dos cifras revelan algo demoledor: más de la mitad de quienes trabajan en México producen una cuarta parte de la riqueza nacional. Por cada cien pesos del PIB, los ocupados formales generan 75 por ciento y los informales apenas 25 por ciento.

Esa brecha no es un accidente estadístico; es el síntoma más visible del estancamiento productivo que arrastra el país desde hace décadas. Y es, precisamente, el rompecabezas que Santiago Levy lleva más de quince años intentando desarmar.

Tuve la oportunidad de conversar con él hace algunas semanas, en el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México. Pero Levy lleva publicados muchos trabajos sobre la materia desde hace tiempo.

En su conocido texto Buenas intenciones, malos resultados de 2008, Levy sostuvo una tesis incómoda en su momento y pero que resultó profética: la arquitectura institucional mexicana promueve la informalidad. El razonamiento es directo. El empleo asalariado formal financia la seguridad social........

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