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Le debo a la Red de Derechos Humanos del Pacífico la voz de alerta acerca del relanzamiento del proyecto de conectar nuestros dos océanos, ya sea mediante la unión del río Atrato con su afluente nacido en la serranía del Baudó, el Truandó, o por medio de un ferrocarril entre Titumate sobre el golfo de Urabá y Juradó en el Pacífico norte. Entre las justificaciones más recurrentes están los incrementos del PIB, el empleo y la competitividad del país en el comercio internacional. La literatura incluye las características de los túneles que en ambos casos habría que perforar en la serranía del Baudó, entre otros detalles de la ingeniería involucrada. Sin embargo, predominan vaguedades a propósito del porvenir de unas comunidades indígenas y negras protectoras de una cuenca rodeada de lagunas, ciénagas y humedales que albergan especies vivas que nos han dado escalafones tan altos en la biodiversidad planetaria. Hay poco énfasis en que la Constitución de 1991 dio origen a las leyes que legitiman los derechos territoriales de indígenas y afros mediante títulos comunales o colectivos a los cuales el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo les da los caracteres de imprescriptibles, inalienables e inembargables, principios incorporados a la legislación nacional. De ese marco depende la no menos relevante sentencia T 622 de 2016 mediante la cual la Corte Constitucional definió al río Atrato y a sus guardianes como sujetos de derechos ecosistémicos y humanos.

Hace 30 años, en pleno auge del........

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