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A la luz de publicaciones que ilustran equivocaciones de Colombia, valdría la pena saber “cómo van las cosas con el nuevo manotazo urdido por Nicaragua”, dice este miembro de la Academia de Historia de Cartagena.

El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua demandó, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), los títulos territoriales y la precisión de límites con Colombia definidos en el Tratado Esquerra-Bárcenas de 1928. Iban por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, basados en que como suscribimos el Pacto de Bogotá debíamos someternos a la jurisdicción de aquel tribunal internacional, salvo un retiro tardío de dicho pacto.

A diferencia de su contraparte, Colombia se sentía tranquila por la legitimidad de sus títulos sobre las islas, su mar territorial y su plataforma submarina, pero el vecino centroamericano insistió en una lucha reivindicatoria que inició el excanciller D’Escoto, en pleno régimen sandinista, pretextando una coacción imaginaria durante la negociación del tratado.

El fallecido jurista Alberto Lozano Simonelli se consagró al estudio de la situación y avanzó tanto en su rastreo que resolvió, con apoyo en el material recaudado, publicar un libro titulado La amenaza de Nicaragua (Aspectos jurídicos y políticos de la posición de Colombia). La alerta de Lozano no solo fue temprana sino muy seria, como para que Gobierno y pueblo nos pellizcáramos y tomáramos también en serio las pretensiones nicaragüenses.

No fue así, a pesar de que estaba por cumplirse un siglo de la amputación de Panamá y permanecían en la memoria histórica los 900.000 km² perdidos en la hoya amazónica, Caquetá y........

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