Cada día, millones de personas utilizan un ascensor sin detenerse a pensar en lo que realmente representa. No es solo un medio de transporte vertical: es una infraestructura crítica que condiciona la autonomía individual, la actividad económica y el funcionamiento mismo de la ciudad.

Y si el ascensor es una infraestructura crítica, la accesibilidad pasa de ser una cuestión técnica a formar parte del debate estratégico. En EEUU, se vincula a productividad y participación económica. En el Reino Unido, se habla de entornos step-free como requisito de resiliencia urbana. En Francia, el "derecho a la movilidad" se plantea como una responsabilidad estructural del Estado. Las economías avanzadas no discuten si invertir en accesibilidad, sino en cómo acelerarla. España no puede quedarse en un enfoque asistencial cuando el impacto es estructural.

Nuestras ciudades crecen en vertical, se densifican y concentran actividad en entornos cada vez más complejos. Al mismo tiempo, nuestras dinámicas cotidianas se han acelerado. Nos movemos con horarios precisos, con cargas, con responsabilidades familiares y profesionales que exigen fluidez. Cuando la movilidad falla, las personas reorganizan su rutina en función de un obstáculo físico.

Pero toda esa ambición urbana se decide, en realidad, en un lugar mucho más concreto y mundano: el portal de un edificio. Los datos del Informe Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España lo confirman: más de la mitad de los españoles reconoce haber modificado su ruta habitual por barreras arquitectónicas; uno de cada tres ha dejado de visitar a familiares o amigos porque sus edificios carecen de ascensor y un 43 % evita comprar en establecimientos con problemas de accesibilidad. Cada decisión que se posterga, cada trayecto que se evita, tiene un efecto acumulativo sobre la vida económica de un barrio.

Del mismo modo, reducir la accesibilidad a una cuestión que afecta solo a colectivos vulnerables es un error frecuente. Cerca del 40% de las personas entre 18 y 49 años percibe barreras de movilidad en su entorno. Esto afecta directamente a quienes trabajan, consumen, estudian y sostienen el dinamismo urbano. Limitar su movilidad no solo impacta en el tejido social, sino también en la actividad económica. Por otra parte, el tiempo pasa para todos, y todos los que vivamos muchos años seremos susceptibles de tener algún problema de movilidad. Actuar ahora para mejorar la accesibilidad urbana nos proporcionará un futuro mejor.

Debemos abordar este reto con ambición. España cuenta con 1,18 millones de ascensores, una densidad de 24 por cada 1.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Y, sin embargo, se estima que cinco millones de personas continúan residiendo en edificios sin ascensor. Este desfase no es un dato técnico sin más: es un indicador de modernización pendiente y de riesgo de fractura urbana.

De hecho, en barrios con orografías complejas o en cascos históricos, la ausencia de movilidad vertical puede acelerar el aislamiento, el envejecimiento demográfico y la pérdida de actividad comercial. Garantizar accesibilidad es también una herramienta contra el vaciamiento y un factor de revitalización, porque preserva el valor y la actividad de los entornos urbanos.

Los ciudadanos lo tenemos claro. Más del 82% respalda la inversión en infraestructuras accesibles y el 80% reclama mayor agilidad administrativa. Existe, por tanto, un amplio consenso social sobre la necesidad de avanzar en esta materia. El desafío ahora es acelerar su ejecución.

Lo cierto es que España cuenta con fondos para activar esa transformación, pero solo el 9,4 % de quienes han realizado reformas afirma haber accedido a ayudas públicas. No es solo falta de necesidad, sino también de información. Por eso, es indispensable brindar agilidad administrativa, planificación estable y compromiso institucional sostenido.

Reconocer al ascensor como infraestructura crítica implica, además, asumir algo más. La disponibilidad y la seguridad que damos por sentadas dependen de un ecosistema técnico altamente cualificado. Detrás de cada equipo en funcionamiento hay profesionales especializados: mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, electricistas. Ellos garantizan el mantenimiento, la actualización tecnológica y el cumplimiento de una normativa cada vez más exigente, como la nueva ITC de ascensores.

Sin profesionales formados y capacitados, la accesibilidad se detiene. Y cuando la accesibilidad se detiene, la ciudad pierde productividad, competitividad y cohesión. Mantener y modernizar este parque instalado exige inversión continuada en talento y formación especializada. No basta con instalar más equipos: es imprescindible garantizar que funcionen con continuidad y seguridad.

La movilidad accesible es, en última instancia, una prueba de madurez urbana. Una ciudad que obliga a su población a reorganizar su vida alrededor de un obstáculo físico es menos productiva, menos atractiva para vivir y trabajar y más cara de sostener.

La pregunta no es si podemos permitirnos invertir, sino cuánto nos cuesta no hacerlo.

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