La reciente aprobación del Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales constituye un ejercicio de irresponsabilidad política, envuelto en un celofán de falso humanitarismo de salón. Con el pretexto de corregir una supuesta anomalía administrativa, el Gobierno no hace sino dinamitar los pilares del Estado de Derecho, producir un incentivo perverso de entrada y exacerbar algunas de las patologías estructurales que lastran la economía y la sociedad española en el horizonte del corto, del medio y del largo plazo.

Desde una perspectiva económica, el Real Decreto ignora la realidad. España, lastrada por un déficit estructural crónico y por una deuda pública asfixiante, no puede permitirse el lujo de absorber y dar acceso a las prestaciones del Estado del Bienestar a una masa de 500.000 individuos cuyo ingreso en el país se ha producido al margen de la ley. La experiencia histórica es demoledora. La regularización masiva de 2005, bajo el Gabinete de Rodríguez Zapatero, se tradujo en una brutal presión sobre el gasto en protección social. Este aumentó entre un 15% y un 20% sin generar un crecimiento del PIB per cápita equivalente.

La narrativa gubernamental según la cual la........

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