España cuenta con capacidades únicas en el ámbito del agua que nos sitúan entre los países líderes del mundo en gestión hidráulica. Nuestra experiencia en desalación nos permite generar millones de metros cúbicos de agua al día, somos líderes europeos en reutilización de aguas regeneradas y contamos con más de 1.200 grandes presas que regulan los recursos hídricos con eficacia. A ello se suma un sector empresarial innovador y competitivo, capaz de ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas en toda la cadena del ciclo integral del agua. Esta combinación de conocimiento, infraestructura y capacidad industrial nos permite afrontar los desafíos derivados del cambio climático, la sequía y la variabilidad hídrica, así como posicionarnos como referente internacional en la gestión sostenible del agua.

Sin embargo, el desafío que afrontamos es de una magnitud sin precedentes. Según el informe Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por TYPSA y SEOPAN, nuestro país necesita movilizar 108.094 millones de euros en el periodo 2026–2035 para garantizar la seguridad hídrica, adaptarse al cambio climático y reducir el riesgo de inundaciones. Esta cifra multiplica varias veces el ritmo inversor actual y exige planificación estable, coordinación institucional y una profunda modernización de los mecanismos de contratación y ejecución.

El riesgo no es teórico. En España, 2,73 millones de personas viven en zonas inundables de mayor riesgo y más de 2 millones de viviendas se sitúan en áreas con probabilidad significativa de inundación para periodos de retorno de 500 años. El estudio identifica 1.444 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en todo el país, que abarcan más de 560.000 hectáreas en zona inundable, de las cuales el 64% corresponde a terrenos agrícolas. Solo en adaptación y reducción del riesgo de inundaciones, la inversión necesaria supera los 19.179 millones de euros en la próxima década.

Las consecuencias económicas tampoco son menores. En las últimas décadas (aproximadamente desde 1990 hasta 2025), las riadas han causado cerca de 300 fallecimientos - sumando eventos como los 195 registrados entre 2000 y 2019 más los 238 de la DANA de 2024 – y daños asegurados superiores a 300 millones de euros anuales. La creciente urbanización en zonas inundables y la intensificación de los episodios extremos como consecuencia del cambio climático elevan aún más la exposición y la vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, España debe modernizar el ciclo urbano del agua, adaptar las estaciones depuradoras a la nueva normativa europea, reducir pérdidas en redes envejecidas y mejorar la eficiencia en el regadío, que sigue siendo estratégico para la agricultura de alto valor y la seguridad alimentaria.

Actuar con decisión no es solo una cuestión de infraestructura, sino de seguridad, sostenibilidad y competitividad. El agua es un bien estratégico para la salud pública, la agricultura, la ganadería, el turismo y la transición hacia una economía verde y digital.

España tiene el conocimiento, la tecnología y el liderazgo empresarial para convertir esta agenda en una oportunidad de innovación, inversión y resiliencia. Podemos exportar tecnología de desalación, soluciones de reutilización, sistemas digitales de control y modelos de gestión avanzados. Pero para consolidar ese liderazgo necesitamos coherencia política, estabilidad regulatoria y un compromiso presupuestario sostenido.

La oportunidad está sobre la mesa. Invertir en agua no es un gasto: es una apuesta por la seguridad nacional, la competitividad y el futuro del país. Actuar ahora definirá nuestra capacidad de garantizar agua segura para todos y fortalecer la posición de España como referente global en gestión hídrica

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