La digitalización de la Administración y de los servicios públicos solo tiene sentido si mejora la vida de los ciudadanos. Debe ahorrar desplazamientos, simplificar trámites y abaratar costes. Cuando ocurre lo contrario, cuando un servicio esencial se encarece precisamente por prestarse de forma electrónica, algo falla. Y si ese servicio está sujeto a arancel público, el problema deja de ser una simple discrepancia económica para convertirse en una cuestión de legalidad, transparencia y defensa del administrado.

Eso es lo que está ocurriendo con las notas simples del Registro de la Propiedad. La nota simple no es un documento menor: es una pieza básica de la seguridad jurídica inmobiliaria. Permite conocer quién es titular de una finca, qué cargas existen, si hay hipotecas, embargos u otras limitaciones. Se solicita en compraventas, arrendamientos, operaciones hipotecarias, herencias y muchas gestiones administrativas o privadas. Sin esa información, el ciudadano contrata, compra o vende con menos garantías.

Precisamente por su importancia, su coste no puede quedar al albur de decisiones opacas ni de incrementos difícilmente justificables. El arancel vigente de los registradores, aprobado por el Gobierno, fija el........

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