Hacienda refina el arte de mirar para otro lado para favorecer a unos pocos
El 26 de febrero pasado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), una unidad de la Agencia Tributaria encargada de investigar los casos más graves de fraude fiscal y blanqueo, emitió un informe sobre todo el entramado societario de Zapatero y su testaferro, Julio Martínez, que posteriormente envió a la sección de la Audiencia Nacional encargada del caso. El informe desvela, entre otros asuntos, que Martínez no presentó declaración de la Renta en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y tampoco en 2023.
En esos cuatro años, el presunto testaferro de ZP recibió una retribución de 50.218 euros anuales como consejero y administrador de ASP Rentas, con unas retenciones por el trabajo de 12.554 euros recogidas en el modelo 190. Además, su nombre aparecía ligado al abono de una renta anual aproximada de 60.000 euros por el alquiler de una vivienda en la calle Diego de León, de Madrid, donde tenía su sede la trama, que declaró por el modelo 180.
¿Cómo es posible que Hacienda no cruzara los datos públicos sobre Martínez cuando lo hace con el resto de ciudadanos, mucho más honrados? Sobre todo cuando estaba vinculado a 39 sociedades, con unos movimientos cercanos a los 4,9 millones.
Sólo existe un precedente similar, cuando en 2013, en el marco del caso Nóos, la Administración Tributaria vinculó el DNI de la infanta Cristina a la venta de hasta 13 fincas. Pero en aquella ocasión fue un error porque el DNI de la infanta no se cruzaba.
La ya ex directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, que compareció este lunes en el Senado, después de presentar su dimisión, lo atribuyó a "un lamentable error". Sin embargo, los inspectores de Hacienda se llevan las manos a la cabeza. Cada uno de ellos tiene asignado un grupo de contribuyentes. "La máquina salta en cuanto detecta un error, por menor que sea" explica uno de ellos. "Alguien ordenó apagarla", señala ésta fuente en relación a los controles automáticos.
Hacienda se escuda que entre los años 2020 y 2024, Julio Martínez no estaba bajo investigación judicial, no era conocido, y, por tanto, no pudo haber un trato de favor intencionado. Si hubo o no orden para que el fisco mirase para otro lado,........
