- “Te levantas y te mato...”, la guerra vs el crimen

No es la guerra mayúscula entre países que permanecen en conflagración, Putin tratando de apropiarse de Ucrania; o Israel y Donald Trump (en el nombre de Estados Unidos) buscando quedarse a la mala con Gaza, Líbano, Irán y Venezuela; pero sí es una guerra en menor escala acá en México, en Chihuahua, en la sierra chihuahuense. La metralla, literalmente montones de cartuchos, los drones, las muertes... entre facciones de cárteles contra corporaciones de seguridad gubernamentales. Ese tema en el que se involucra casi todos los días el presidente estadounidense.

Ayer presentó El Diario parte de un video en cuyo telón de fondo, los bosques de la sierra de Guadalupe y Calvo, pelearon el domingo elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Fue un enfrentamiento contra un numeroso grupo de integrantes de la facción Gente Nueva-Salgueiro, del Cártel de Sinaloa, que resguardaban un puesto de vigilancia en el lugar conocido como El Ocote, a unos pasos de Atascaderos, donde cientos de familias han sido desplazadas por la violencia (el sur montañoso del estado).

Sorprendió que se tratara de miembros del Cártel de Sinaloa porque se suponía que ese territorio había sido tomado hace meses por el Nuevo Cártel de Juárez-La Línea, con grupos de respaldo de los municipios de Bocoyna, Jiménez, Camargo y la sede, Juárez. Se suponía, pero ahora quedó demostrado que no. No esa zona.

En el video completo (que presentamos en versión digital de La Columna) y las fotos de dos fallecidos miembros del cártel y lesionados, queda también probado el poder de fuego delictivo, superado solo con adrenalina, carácter, algo de preparación estratégica y armas también potentes de los policías.

En el intercambio pueden escucharse expresiones como: “Levanten las manos... No se muevan”...

Se escuchan quejidos de los heridos... “Boca abajo, hijo de p...rra... Tú fuiste el que me disparó... Quítale el largo... ¿Traes pistola?... Te levantas, te mato... No te muevas, pon las manos arriba... No se separen tanto (entre policías)”.

—“¿Qué quieres?”, grita desde el bosque un delincuente y suelta una ronda de disparos. No atendió el: “Levanten las manos, policía estatal”.

En algún momento son más gritos entre los policías, pero alguien pone orden:

—“Te mueves y te mato a la v...”, le repiten a un herido, mientras corre otro policía a vigilarlo.

—“Uno de ustedes dos me disparó, hijo de p...rra”, le remata un comandante a otro tirador herido.

Un episodio, en resumen, crudo, atemorizante, descriptivo de lo que ocurre en todo el país y casi todo el estado, con cargo a la sociedad urgida de garantías para desarrollar su vida en paz.

En el presupuesto estatal es una constante, siempre silenciosa, rara vez puesta en el debate público, la tendencia creciente del gasto político, ahora amenazado, al menos en parte, con el Plan B de reforma electoral planteado por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Pase lo que pase con la economía, con los gobiernos o con los ciclos electorales, el gasto destinado a sostener el aparato político mantiene sus alzas, que encarecen la democracia sin criterios de rendición de cuentas o eficiencia, como deberían tener todas las entidades que ejercen recursos públicos.

Los datos del Presupuesto de Egresos estatal muestran que, entre las elecciones de 2010 y 2024, el costo del sistema político en Chihuahua —que incluye al Congreso del Estado, los organismos electorales, el Tribunal Electoral y el financiamiento público a partidos— aumentó en promedio 152 por ciento.

En algunas áreas el incremento es todavía más llamativo. El Tribunal Estatal Electoral elevó su presupuesto en 208 por ciento, mientras que el Congreso del Estado lo hizo en 182 por ciento y el bloque integrado por el Instituto Estatal Electoral y los partidos políticos aumentó 130 por ciento.

En términos simples, el costo de la política se duplicó en poco más de una década, cuando la inflación acumulada del país en el mismo periodo fue de alrededor del 85 por ciento.

Es decir, las casas, los carros, los tomates, las tortillas y el huevo crecieron casi al doble en ese periodo, pero los partidos, los candidatos, los organismos electorales y los diputados subieron mucho más de precio. Así, la política se encareció mucho más rápido que el costo de la vida de los ciudadanos que la financian.

Mientras los salarios y los presupuestos públicos en áreas como seguridad, salud o infraestructura enfrentan límites permanentes, el gasto político ha seguido una ruta distinta: la del crecimiento constante.

Por ahora, el Plan B parece apuntar al gasto del Poder Legislativo del Estado, sin tocar el financiamiento a partidos ni a los árbitros electorales (IEE y TEE), además de los cabildos de los municipios, que podrían quedar limitados a 15 regidores.

Hay mucho más de dónde cortar si hubiera voluntad, pero si a nivel nacional los aliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde pararon el intento de recorte al gasto político federal, a nivel estatal seguramente solo permitirán que sea mínimo el ajuste, para beneplácito de todos, oficialistas y opositores.

En el nuevo mapa industrial del norte del país hay una pregunta que muchas empresas hacen incluso antes de hablar del precio de la nave: ¿hay suficiente energía para operar?

De acuerdo con reportes de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y análisis de BBVA, la disponibilidad de electricidad y gas natural se ha convertido en uno de los factores decisivos para que una inversión manufacturera llegue o se quede en pausa.

En varios casos, compañías interesadas en instalarse en parques industriales revisan primero la capacidad eléctrica disponible antes que la renta del edificio o el costo del terreno.

La lógica es simple: sin energía garantizada, una planta simplemente no puede operar.

Y en una ciudad industrial como Ciudad Juárez, el tema cobra todavía más relevancia. La maquila local consume enormes cantidades de electricidad para sostener sus líneas de producción, sistemas de automatización y procesos industriales.

No es casualidad que, cuando se habla de atraer nuevas plantas a la frontera, la conversación termine inevitablemente en el mismo punto: la capacidad energética disponible para soportar más industria.

Ayer, por cierto, inició en Washington la revisión del T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá, en un contexto donde avanza bien la economía, salvo los jaloneos en temas específicos de los aranceles, pero no tan bien en la diplomacia internacional.

Es de esperar que los dislates continuos de Trump sobre los cárteles en México y, por su parte, las posturas cada vez más radicales de Sheinbaum en torno a los apoyos a Cuba no se entrometan con aspectos eminentemente económicos, porque de ello depende en gran parte la generación —o pérdida— de empleos en el país.

Cada día, mercancías por más de cuatro mil millones de dólares cruzan las fronteras entre Estados Unidos y México: desde piezas de vehículos estadounidenses hacia las plantas automotrices en el norte de nuestro país, hasta cajas de aguacates michoacanos hacia los supermercados de California.

El futuro del T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLC, es incierto para su renovación en 2026, sobre todo porque Trump amaga con sacar a Estados Unidos y hacer sus propios acuerdos binacionales por separado si no consigue lo que busca.

Bajo ese escenario pareciera complicado que en la fecha límite establecida para julio sea alcanzado el acuerdo de lograr otra extensión por 16 años, y no tanto porque se atraviesen las elecciones de noviembre en Estados Unidos, sino porque Trump se vuelva a poner los moños, como es su costumbre.

Aunque, tratándose también de dinero, no hay borracho que coma lumbre.

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