La tragedia de los 386 cadáveres del Crematorio Plenitud fue cocinada a fuego lento, pero estaba políticamente sepultada entre investigaciones que seguían su curso, un proceso que apuntaba al juicio oral y el trabajo de identificación de los cuerpos a cargo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado.

No fue un accidente súbito el que de nuevo puso a Juárez en el foco internacional. El horror y la violencia post mortem entre los muros del inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa fue un suceso de esos que tardan años en generarse, ocultos, en silencio, tras las paredes que lo escondían de la rutina diaria de la ciudad.

Estalló el 26 de junio del año pasado; vino después la detención del empleado, Facundo Teófilo M.R., muerto en prisión a los meses de haber sido capturado como la parte más débil de la cadena de horrores; y la del dueño, José Luis A.C., de influyente apellido juarense, junto con investigaciones a funerarias, declaraciones, labores ministeriales y forenses de todo tipo, para atender el natural reclamo social surgido.

Las dimensiones inéditas del hecho sacudieron tanto a las instituciones ministeriales como a la administración de justicia, lográndose una imputación y vinculación a proceso a cargo del juez de Control Penal, Apolinar Castro (hoy en retiro, jubilado), resoluciones ahora derribadas inexplicablemente por la justicia federal.

El reclamo social fue apaciguado no solo con el proceso penal y las investigaciones administrativas en curso, que alcanzan a autoridades estatales y municipales, sino también con mano izquierda tanto del fiscal general como del titular de la Zona Norte, César Jáuregui y Carlos Manuel Salas, a pesar de múltiples intentos de politizar un asunto en el que era inadmisible la aparición de esos buitres que siempre buscan lucrar con el dolor y la sangre.

La cadena de omisiones de todo nivel de gobierno quedó al descubierto, pero la atención institucional, principalmente estatal, le dio cauce a la exigencia de los deudos de esas personas atropelladas en su dignidad al final de la vida.

Pero si fallaron los intentos de politizar el tema por parte de los adversarios, al parecer los aliados —que vieron en la tragedia una oportunidad de lucro— decidieron jugar de nuevo contra la casa.

El juez federal que dio el amparo al dueño del crematorio, Luis Eduardo Rivas Martínez, activo en Movimiento Ciudadano hasta hace poco, aparece en fotos sonriente con el diputado Francisco “Pancho” Sánchez, también dirigente estatal del partido naranja en Chihuahua, como fiel lugarteniente del diputado federal que mantiene las siglas de MC rentadas a Dante Delgado, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Así como la tragedia fue acumulándose en lo oscurito del crematorio, así fue cocinándose la sentencia de amparo a favor de José Luis A.C., despacio y en los sótanos del Poder Judicial Federal en Juárez, entregado a intereses partidistas junto con la reforma que trajo las elecciones de juzgadores por voto popular.

Una semana después de descubierto el crematorio, el plurinominal naranja “Pancho” Sánchez vino a Ciudad Juárez a colgarse del dolor de los deudos y la indignación social. Fue al inmueble y denunció una falsa violación de los sellos de clausura.

No le interesaba atender a las familias de los muertos ni exigir justicia. Buscaba figurar, como lo hace en cuanto ve oportunidad de explotar algún tema importante de la agenda pública. Especialmente merodea sobre los muertos, como los buitres.

Sánchez Villegas estaba por lograr, en aquel entonces, en turbias negociaciones con el poder político, posiciones en el aparato de justicia, por lo que aprovechó la necesidad de votos en el Congreso del Estado que requiere el oficialismo azul local.

Su esposa, Nancy Escárcega Valenzuela, acabó como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en septiembre y, a las semanas, su hermano Edgar Herman, sentenciado a 50 años de prisión por secuestro, logró una extraña medida de semilibertad, lo que sembró sospechas de una indebida intervención familiar naranja.

Ahora sabemos que uno de sus asesores legislativos y militante activo de esa farsa de partido que es MC, el juez federal Rivas Martínez, también es una posición lograda por los naranjas, en esos acordeones y acuerdos bajo la mesa que dejó la reforma judicial. Acuerdos muy lucrativos, por lo que puede verse.

Aspirante a diputado local por Nuevo Casas Grandes y hasta representante de MC ante el Instituto Estatal Electoral, el ahora juez de distrito ha cerrado sus redes para tratar de ocultar su pasado naranja, como ha ocultado las razones reales de su sospechosa resolución que dio la libertad al principal acusado del crematorio.

Sería ese el precio que le puso a los 386 cadáveres, las presiones políticas o cualquier otro acuerdo turbio, pero el juzgador, el pasado 12 de febrero, se atrevió a fracturar cualquier indicio de confianza en las instituciones al resolver el amparo 746/2025.

Con ello, hizo añicos la resolución del juez estatal Apolinar Castro, quien ni por error ha salido a defender lo que dictó, en medio de accidentados primeros intentos de imputación en los que tampoco puso empeño el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ni antes ni ahora.

Con la sentencia federal, también se fue por la borda la investigación de la Fiscalía del Estado, que gira en torno a la negligencia criminal, la responsabilidad penal en dos delitos y una posible condena de hasta 17 años de prisión.

En su argumentación, Rivas Martínez no negó la existencia de los 386 cuerpos, no puso en duda el fraude con cenizas falsas ni desmintió el macabro engaño a las familias de los muertos, pero, desde su interpretación, supuestamente técnica, los hechos no encuadraban en los tipos penales imputados.

No hubo ocultamiento, sostuvo, porque los cuerpos estaban en el crematorio, lugar donde legalmente se reciben cadáveres; no hubo conservación ilegal, según él, porque ese tipo penal estaba diseñado para supuestos como el tráfico de órganos.

En su visión, lo que existieron fueron irregularidades administrativas y civiles, no delitos. Así que, tan-tán: la libertad para el acusado y que los deudos, los fiscales y la sociedad le hagan como quieran.

La resolución es jurídicamente defendible dentro de una lógica garantista, pues dicen los abogados que el derecho penal no puede expandirse por indignación y no pueden crearse delitos por analogía. Es decir, no puede castigarse lo que el legislador no tipificó con claridad.

Todo eso es cierto. Pero también lo es que, cuando el Poder Judicial reduce una tragedia de esta magnitud a un problema semántico sobre el alcance del verbo “ocultar”, exhibe o la pobreza intelectual de los juzgadores, disfrazada de erudición normativa, o que una sentencia tuvo un precio.

Y si la acusación de la Fiscalía del Estado, en su carpeta de investigación, fue deficiente —que también es una posibilidad, aunque su trabajo haya sido muy bien valorado—, ¿con qué derecho (o a qué precio) un juez castiga a cientos de familias y a la sociedad por yerros de la institución procuradora de justicia?

Quizá, por el buen trabajo de la Fiscalía, el juez federal no se detuvo en señalar a sus investigadores ni a sus ministerios públicos; en cambio, se fue directo, como autoridad responsable, contra la prisión preventiva dictada por el juez Apolinar.

No pueden surgir más que sospechas de corrupción si la sociedad percibe que hubo años de silencio deliberado, de omisiones, de engaños sistemáticos, y la justicia federal decide argumentar si “ocultar” exige una conducta positiva de encubrimiento visible.

El juez no genera confianza con su sentencia reducida a la tipicidad estricta y a la taxatividad, mientras las víctimas lloran por sus urnas rellenas de arena y los cadáveres descompuestos de sus padres, hijos, mamás y hermanas. Menos generan confianza sus antecedentes con lo más vergonzante de la clase política estatal.

No se trata de lanzar acusaciones al aire ni de convertir la crítica en linchamiento, pero sí de reconocer que, en una entidad —como en todo México— donde la partidocracia ha colonizado espacios estratégicos del Estado —como el aparato de justicia—, cualquier vínculo previo destruye la confianza en las instituciones, más si llegan este tipo de resoluciones ridículas, escandalosas e inexplicables.

La sentencia muestra el abismo existente entre el reclamo social y el Poder Judicial; evidencia la inexistencia de sensibilidad institucional; exhibe el alejamiento de la realidad que padecen los juzgadores y deja ver que, a la hora de resolver a conveniencia de cualquier interés, la justicia tiene más salidas que un aeropuerto.

Cada una de esas salidas tiene respaldo doctrinal y fundamento técnico, así sea para argumentar que el tipo penal no encaja de forma milimétrica en la acusación o si una norma no fue precisada con el detalle que quiere un juez con espíritu de legislador.

Al final del recorrido, cuando quien abandona la cárcel es el acusado mientras las víctimas siguen atrapadas en la incertidumbre, no caben más que las suspicacias sobre algunos que lucran con la política, los acuerdos bajo la mesa y hasta los muertos.

Reducir 386 cadáveres a un amparo basado en el análisis de un verbo es tan audaz y riesgoso como la semilibertad de un secuestrador, hermano de la magistrada Escárcega y cuñado del naranja “Pancho”.

Tengan o no conexión los hechos a través de los personajes, los escándalos siguen dando sacudidas a la imagen del poder público y al aparato judicial.

Y así, la justicia constitucional que protege principios, la justicia penal que busca castigos y la justicia social que exige reconocimiento y reparación del daño no han estado a la altura del reto mayor que impone esta tragedia.

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