A propósito de una declaración reciente de un diputado del Congreso local, volvió a colocarse sobre la mesa la ausencia de mujeres en rectorías de las universidades públicas de Chihuahua, el dato es obliga a preguntarnos por las razones que han dificultado que más mujeres alcancen los espacios superiores de decisión académica, la conclusión de que esa ausencia demuestra, por sí misma, una exclusión requiere un análisis más cuidadoso.

La historia de las instituciones mexicanas difícilmente puede comprenderse al margen de las desigualdades que durante décadas caracterizaron nuestra vida pública, los espacios de poder político, económico, judicial y académico estuvieron ocupados predominantemente por hombres, las universidades tampoco permanecieron ajenas a esa realidad, sería ingenuo negar que muchas de sus estructuras fueron construidas en épocas en las que la participación de las mujeres encontraba obstáculos que hoy resultarían jurídicamente inadmisibles.

En Derecho, no obstante, las palabras tienen consecuencias y por eso importa detenernos en una de ellas: exclusión, excluir supone impedir, apartar o establecer condiciones que obstaculicen el acceso de una persona a una posición a la que otras pueden aspirar, de ahí que la inexistencia histórica de mujeres en un cargo pueda constituir un indicio relevante de desigualdad, pero no necesariamente acredita, sin elementos adicionales, que exista una prohibición o impedimento para ocuparlo.

Juzgar la realidad únicamente a partir del resultado puede conducirnos a conclusiones apresuradas, una cosa es constatar que durante determinado periodo ninguna mujer alcanzó una Rectoría y otra sostener que las mujeres estuvieron imposibilitadas para hacerlo, entre ambas afirmaciones existe una distancia que corresponde llenar con evidencia: reglas discriminatorias, prácticas institucionales, redes de poder, obstáculos diferenciados o condiciones estructurales........

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