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Evaluar sí, pero no así: el error del Acuerdo AG-POAJ-025/2026

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13.11.2026

Quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación saben lo que significa rendir cuentas todos los días: con la resolución de un asunto, con un término fatal que debe cumplirse, con una audiencia que no espera, con la estadística mensual de productividad y con el estudio que exige cada caso. La naturaleza misma de la función obliga a entregar resultados de manera constante. Por esa razón, ningún integrante de la carrera judicial se opone a ser evaluado. El problema nunca fue la evaluación en sí; el problema fue la forma en que pretendieron realizarla y quienes pretenden que los evalué, esto es, las personas juzgadoras que recién llegaron al cargo.

Así es, el 5 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General AG‑POAJ‑025/2026, aprobado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. En papel, suena impecable: profesionalizar la carrera judicial, identificar necesidades de capacitación y reconocer el buen desempeño. Pero todos sabemos que la finalidad es otra, pues no se explica que el resultado de dicha evaluación sea la obtención de una constancia de permanencia en el cargo, cuando el artículo transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2025 -derivada de la reforma judicial de septiembre de 2024- ordenó expresamente que el personal de base no sufriría variación alguna en sus condiciones laborales, y que los procesos de evaluación solo aplicarían a........

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