Las consecuencias de la caída del escudo social no han tardado en dejarse notar en Gipuzkoa con una reactivación de los desahucios por impagos de ... alquiler. La medida, aprobada en 2020 para responder a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y que protegía a los inquilinos vulnerables, se había ido renovando año tras año por la tensión del mercado de la vivienda y la dificultad de encontrar una alternativa habitacional con ingresos bajos, hasta que fue tumbada en el Congreso por PP, Vox, Junts y UPN. Organizaciones sociales estiman que el fin de esta moratoria sitúa al borde del desahucio a unas 60.000 familias en todo el Estado. Se calcula que solo entre Irun y Donostia la cifra superaría los 200. En un contexto en el que la crisis habitacional sigue sin dar tregua, convertida en principal preocupación ciudadana, medidas como la declaración de zonas tensionadas ayudan a mitigar el problema pero no son suficientes, por lo que urge ir más allá. El Gobierno Vasco ha anunciado un nuevo seguro público para garantizar rentas, suministros y desperfectos por la cuantía adeudada. Mientras tanto, la presión hacia el Gobierno se intensifica, a la espera de la decisión que tome hoy Sánchez.

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