El hundimiento de la pasarela de Santander que provocó el mes pasado la muerte de seis jóvenes –tres de ellos de Bizkaia– y heridas a ... una chica alavesa demostró las dramáticas consecuencias que puede tener una precaria prevención en una infraestructura de uso público. Ahora la jueza que investiga el caso ha puesto letra a esta «grave negligencia» al atribuir seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia a tres funcionarios de Demarcación de Costas en Cantabria, entre ellos, a su actual responsable. La magistrada viene a decir en su auto que la falta de controles y mantenimiento «impidió» corregir el deterioro de una pasarela que acabó colapsada, con el trágico desenlace ya conocido. Para los familiares de las víctimas no hay consuelo posible ante el alcance de su duelo. Pero esta catástrofe debe servir a las administraciones para extremar el celo y ser mucho más exigentes cuando encargan y promueven este tipo de construcciones. Y más si atraviesan zonas de riesgo como un acantilado sobre el mar que obliga a controlar el material de fabricación elegido, el estado con el paso de los años y cualquier señal de alarma para evitar conmociones luego irreparables.

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