CC avisa al PSOE: el decreto anticrisis debe responder a Canarias o estará dando la espalda a las islas / La Provincia

Un nuevo ‘decreto anticrisis’ está en proceso de alumbramiento. Y como todo parto político viene acompañado de un abundante ruido de marketing mediático. El Gobierno de España escenifica su enorme sensibilidad ante las penurias de los ciudadanos y demuestra cómo es capaz de usar el dinero que previamente les ha quitado a esos mismos ciudadanos para echarles una manita. Te lo quito por aquí, te lo doy por allá. Y de camino me quedo el comino. Falta que alguna ministra comunista, de regreso de un glamuroso viaje trasatlántico a los Oscar de Hollywood en clase ejecutiva, afirme tajante que esta crisis la tendrían que pagar los ricos con más impuestos.

Las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios que le apoyan abordan medidas propias de una sociedad intervenida: congelar los precios de los alquileres y paralizar los desahucios por impago, prohibición de despedir a causa de los efectos de la crisis energética, establecer topes en los precios de los alimentos o cascarle más impuestos a las grandes compañías energéticas. O sea, que los efectos de la crisis los paguen otros y no acometer ajustes del gasto público.

La guerra de Irán ha provocado que el barril de brent haya superado, hasta ayer, los 114 dólares y que el gas natural se haya disparado casi un 30%. El encarecimiento de los combustibles está afectando a todas las cadenas de producción y transporte. Y lo que tendría que atacar cualquier gobierno con dos dedos de frente es el origen de la distorsión del mercado. Esa definición probablemente excluya al nuestro.

No es un asunto menor que los precios de las gasolinas y el gasóleo empezaran a subir en España desde el momento mismo en que salieron los primeros titulares de guerra. El oligopolio petrolero en nuestro país decidió encarecer la venta en partidas compradas muchos meses antes de que empezara el conflicto. Que ya tiene bemoles. Y el mismo Gobierno que habla de perseguir a los poderosos y ayudar a los ciudadanos ha sido incapaz de intervenir en esa alteración arbitraria del mercado, en ese abuso, a pesar de la enorme cantidad de organismos encargados de controlar y supervisar a los mercaderes. Razón tienen a veces los que, hartos de tanta incompetencia, consideran esos entes públicos simples «echaderos».

Para favorecer directamente al bolsillo de los ciudadanos no hace falta descubrir la pólvora: la herramienta más directa es reducir la fiscalidad sobre los combustibles. Casi la mitad de lo que se paga en cada litro son impuestos. Hacienda recaudó el año pasado unos doce mil quinientos millones de euros en el impuesto a hidrocarburos. Y a eso habría que añadirle el 21% de IVA por cada litro de gasolina o gasóleo, que supondrían otros once o doce mil millones más.

La subida de precios no solo es un negocio para las grandes empresas petroleras; también es ‘mano de santo’ para Hacienda. Las recientes subidas han generado una recaudación extra que, en solo dos semanas, supera los cincuenta millones de euros adicionales. Si quieren ayudar a la gente no tienen que inventar nada: solo deben aflojar la tuerca fiscal.

Pero nadie cogerá la llave inglesa. De la misma forma que nadie se planteará que las medidas que valen para el territorio peninsular no sirven para un archipiélago lejano y muchísimo más vulnerable ante una crisis del petróleo.

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