Pedro Sánchez, durante su comparecencia después del Consejo de Ministros extraordinario.

El Gobierno Peninsular ha elaborado un plan de choque para amortiguar el impacto del alza de los combustibles en el bolsillo de todos los ciudadanos. ¿De todos? De todos los que viven de Cádiz para arriba. Porque los ministros godos, incluyendo los peninsuleros –canarios que están aclimatados en Madrid–, son incapaces de recordar que hay más de dos millones de personas que viven y trabajan en un archipiélago a mil kilómetros de distancia del continente.

La rebaja del IVA en el precio de los combustibles, la medida estrella de Moncloa, no es de aplicación en Canarias, donde tenemos otra fiscalidad. Si el Gobierno guanche quiere abaratar el precio de los carburantes tendrá que hacerlo a su propia costa, rebajando los impuestos propios y reduciendo la recaudación de unos 280 millones que obtuvo el año pasado. Pero, claro, que exista una diferente fiscalidad en las Islas no es un capricho, sino la hija de una necesidad. El dinero que se obtiene de los impuestos del llamado «bloque REF», aproximadamente tres mil quinientos millones, se queda en la Hacienda del Archipiélago porque es una vieja fórmula con la que el Estado viene a compensar el hecho de nuestra lejanía y fragmentación insular. Es una forma de pagar parte de los sobrecostos de la vida aquí.

Por eso mismo, que el sacrificio fiscal ante una subida de los combustibles tenga que ser asumido con fondos autonómicos viene a ser equivalente –exagerando solo un poco– a que una familia que vive de ayudas sociales y que se enfrenta a una dificultad sobrevenida tenga que afrontarlo con el mismo importe que recibe como ayuda ordinaria. Algo así como si te dijeran: «Si ya te pago una pensión y tienes un problema médico, no vengas a pedir sanidad gratuita. Búscate la vida».

El Gobierno progresista que solo se ocupa de los peninsulares ha colocado en el frontispicio de su argumentario que se preocupa de los más vulnerables. Pero parece que solo es así si viven en territorio continental. Los más vulnerables, territorialmente hablando, son los canarios. No solo porque tengamos indicadores muy preocupantes, sino por nuestra fragilidad ante factores externos, como el precio de la energía. La dependencia de las Islas de las importaciones es absoluta. Y, por lo tanto, una subida en el precio del barril de petróleo –los expertos hablan ya de un futuro próximo de 180 dólares el barril– nos coloca a los pies de los caballos. Porque afectará irremediablemente a los precios del transporte de viajeros y mercancías y elevará hasta niveles impensables el costo de la vida en esta tierra, que ya se encuentra entre los más altos del Estado.

Un plan de contingencia ante una crisis del petróleo debe tener un capítulo especial para los territorios insulares. Canarias necesita una intervención urgente en los sobreprecios que se van a producir en el transporte aéreo y marítimo. Y el músculo, jurídico y económico, para asumir ese esfuerzo, no está en la autonomía, sino en el Estado. Pero una vez más España solo piensa en peninsular. Y uno se pregunta a quién puñetas representan esos políticos ciegos y mudos a los que votamos en estas Islas para que miraran y hablaran por nosotros.

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