El próximo 16 de octubre está prevista la visita oficial del presidente José Antonio Kast a Bolivia.

La llegada del mandatario chileno se produce en medio de uno de los episodios más sombríos de las recientes relaciones comerciales bilaterales. Es el denominado caso “narcomaderas”.

En junio, autoridades chilenas anunciaron el decomiso de más de 1.000 toneladas de madera boliviana supuestamente impregnada con sustancias controladas. Según ellos, fue el mayor decomiso proveniente de Bolivia, dando origen a una de las historias más enrevesadas e inverosímiles de los últimos tiempos.

Al final, la acusación resultó ser falsa. Hasta ahora, la Fiscalía chilena no ha presentado elementos que sustenten sus acusaciones y, por el contrario, informes periciales presentados por los empresarios demuestran que la acusación no tiene ni pies ni cabeza. En buen chileno, diríamos que “armaron un tremendo atao por nada”.

Hoy, lo único evidente son los enormes perjuicios ocasionados al sector forestal boliviano, las cuantiosas pérdidas económicas y el daño reputacional infligido a la imagen del Estado boliviano.

Frente a ello, la pregunta esencial ya no es qué ocurrió en Chile, pues ello salta a la vista; sino qué hizo o qué dejó de hacer la Cancillería boliviana para defender los derechos de sus connacionales y los intereses del Estado boliviano.

La respuesta es inequívoca y deshonrosa: ¡NADA! Porque, en la defensa de los intereses nacionales, no basta con manifestar preocupación, intercambiar comunicados o anunciar reuniones. Hay que........

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