La Constitución Política del Estado, en la parte que atañe a la función de la defensa de la sociedad, determina que el Ministerio Público tiene el deber de defender la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública y que, además, debe ejercer tales funciones conforme a los principios de objetividad y responsabilidad (art. 225). Ahora bien, cualquier ciudadano –que lee esta disposición constitucional y que ha tenido algún proceso penal– pensaría que se trata de un ideal opuesto a la realidad tangible. O, dicho de otro modo, pensaría que se trata de una broma de mal gusto porque llevar un proceso penal, en Bolivia, es equivalente a una tortura emocional y a un gran desgaste de tiempo y dinero como producto del sistema extorsivo implementado en los últimos años por la Fiscalía General del Estado.

En efecto, la prestigiosa organización internacional World Justice Project, que trabaja en promover el Estado de derecho en todo el mundo, realiza un estudio considerando los siguientes factores: ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, aplicación de la norma,........

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