Durante años, el diésel barato dejó de ser solamente una política de protección al consumidor. Se convirtió también en una pesada carga fiscal, un incentivo para el contrabando y una fuente de negocios ilícitos alrededor de un recurso pagado por todos los bolivianos. Su eliminación, finalmente dispuesta por el Gobierno de Rodrigo Paz, es una medida compleja por sus consecuencias sociales, pero inevitable ante el deterioro de las finanzas públicas.

La subvención ayudó a contener los costos del transporte, la producción y los alimentos. Sin embargo, se convirtió en un sistema insostenible. El Estado gastaba divisas cada vez más escasas para importar combustible y venderlo por debajo de su costo, mientras una parte salía ilegalmente del país. Bajo el argumento de proteger a la población se consolidó una estructura permeable a la corrupción, la especulación y el contrabando.

El fin de ese esquema deja una lección política. La dilación, el cálculo y los ajustes sin respaldo técnico no evitan las decisiones difíciles; solo elevan su costo. Bolivia llegó a este punto con reservas de gas en retroceso,........

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