El megaoperativo que sacudió a la Fiscalía General del Estado, con la aprehensión de Róger Mariaca, la interceptación de una ambulancia que transportaba más de 3,5 millones de bolivianos y las imputaciones por organización criminal y narcotráfico, fue presentado como un batacazo contra la corrupción; con esto el Gobierno buscó proyectar autoridad y recuperar la iniciativa política. Pero un operativo de alto impacto no basta para cambiar la percepción ciudadana, menos aun cuando persisten las dudas sobre la independencia de la justicia, los posibles encubrimientos y el uso político de las instituciones. El espectáculo puede imponer titulares, pero no garantiza credibilidad.

El problema va más allá de la Fiscalía. En el Legislativo, las denuncias de la senadora Ana María Crispín sobre transferencias mediante códigos QR y supuestos pagos de hasta 40.000 dólares a parlamentarios para direccionar decisiones,........

© El Deber