El anteproyecto de ley N° 10/2023-2024 denominada Ley Brisa, nace, ante todo, de una obligación que el Estado boliviano no puede ignorar: cumplir la sentencia Andrade Lozada y otros vs. Bolivia, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.

Esta sentencia no es un simple pronunciamiento jurídico; es un llamado claro a corregir una realidad en la que la ley, en lugar de proteger plenamente, ha permitido que ciertas formas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sean minimizadas o tratadas con menor gravedad.

Por eso, la derogación del delito de estupro no es solo un cambio legal. Es un paso necesario para dejar de mirar hacia otro lado frente a una verdad dolorosa: en Bolivia, las principales víctimas de violencia sexual son niñas, niños y adolescentes, es decir, personas menores de 18 años. 

Y dentro de este grupo, las más afectadas son, con alarmante frecuencia, las niñas entre 14 y 18 años, cuyos casos muchas veces han sido encuadrados como estupro, cuando en realidad se trata de situaciones de violencia, abuso de poder y vulneración profunda de su dignidad.

Pero la realidad es aún más dura.........

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