Bolivia volvió a vivir días de desconfianza ciudadana en medio de la crisis de combustible que golpea a transportistas, productores y consumidores. El país enfrenta una tormenta institucional, donde los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se aferran a sus cargos, pese a haber concluido la legalidad de su mandato. La Asamblea Legislativa, por su parte, es el escenario de amenazas de suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), justo cuando el proceso electoral está en su recta final.

Mientras los “autoprorrogados” del TCP tratan de justificar su ilegal accionar, alegando la falta de elecciones judiciales (que ellos mismos evitaron), gran parte de la sociedad percibe su permanencia como una señal más de la degradación del sistema judicial. Lejos de resolver la crisis, su presencia prolongada en el poder judicial, la profundiza y reafirma el criterio de que la justicia boliviana responde a intereses políticos y de otra índole, antes........

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