Miguel Angel Amonzabel Gonzales

Bolivia ha sido retratada con una crudeza pocas veces vista. El reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) no solo ubica al país entre los peores del mundo en ausencia de corrupción, justicia civil y penal; lo desnuda. Lo muestra tal como lo viven millones de ciudadanos a diario: un Estado donde la ley ha sido capturada, donde la justicia no existe para quien no ostenta poder, y donde el sistema judicial, lejos de ofrecer garantías, es fuente de temor, desigualdad y manipulación política. En el ranking global, Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países en percepción de corrupción, el 139 en justicia civil y nuevamente el 141 en justicia penal. En América Latina, apenas supera a un par de naciones sumidas en crisis abiertas. Es un retrato estremecedor, pero tristemente previsible.

Frente a esta evidencia, el gobierno boliviano optó por la negación más burda: desacreditar el informe por provenir de una “ONG”. Como si el origen del documento bastara para invalidar lo que ya es evidente en las calles, en los juzgados y en las cárceles. Como si el hecho de que millones de bolivianos enfrenten sobornos, extorsiones, sentencias vendidas y un acceso desigual a la justicia pudiera ocultarse con una frase defensiva. La ministra de Justicia no ofreció cifras que desmientan el informe, ni propuso un plan de acción para enfrentar esta debacle. Solo desconfianza, arrogancia y evasión. Y eso,........

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