Un ciudadano llega a una fiscalía con una denuncia y espera protección. Cuando encuentra expedientes inmóviles, exigencias de dinero o puertas que solo se abren por influencia, la promesa de justicia se convierte en desamparo. Ese es el problema que José Armando Urioste Viera debe enfrentar. Su sorpresiva designación como fiscal general interino le concede 90 días para comenzar a reconstruir una institución cuya credibilidad ha quedado comprometida.

Urioste asume después de la suspensión definitiva de Róger Mariaca, investigado por presunta protección al narcotráfico. Las responsabilidades penales deben establecerse mediante el debido proceso. Pero la gravedad de las acusaciones y las investigaciones que alcanzan a otros fiscales obligan a examinar cómo funcionaron los controles internos y por qué no impidieron esta crisis. 

Las primeras decisiones anunciadas apuntan en una dirección necesaria: cambiar a los fiscales departamentales, seleccionar profesionales por........

© El Deber