La Constitución Política del Estado de 2009 respondió a un ciclo político, económico e institucional que, después de casi dos décadas, terminó. Tuvo virtudes y recogió demandas históricas, pero también dejó candados que hoy dificultan algunas de las transformaciones que Bolivia necesita. Por eso, la reforma constitucional fue una de las ofertas planteadas durante las elecciones de 2025. No era un asunto menor ni debería convertirse ahora en una tarea indefinidamente postergada.

La Justicia ofrece quizá la evidencia más contundente. La elección popular de magistrados pretendió democratizarla, pero terminó debilitando la meritocracia y politizando un proceso que debería privilegiar capacidad, independencia y trayectoria. El resultado está a la vista: desconfianza ciudadana, procesos cuestionados, jueces sometidos a presiones y fiscales cuyas actuaciones generan dudas. 

La economía plantea otro desafío urgente. Bolivia necesita recuperar inversión, producción y empleo. El caso........

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