El reciente anuncio del gobierno de Bolivia de retomar la colaboración formal con la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos y de otras agencias, constituye un punto de inflexión en la política antidrogas del país. Bajo el nuevo gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, se ha planteado explícitamente que “vamos a cooperar con todas las instituciones internacionales, la DEA también”. Esta decisión reabre un viejo debate que trasciende la lucha contra el narcotráfico y entra de lleno en la arena de la soberanía nacional, la estructura institucional y el modelo de desarrollo productivo.

Desde 2008, cuando el gobierno de Evo Morales expulsó a la DEA aduciendo injerencia política y una cuestión de soberanía, Bolivia había mantenido una política de colaboración limitada con agencias antidroga extranjeras. El anuncio de reapertura a la agencia norteamericana, por tanto, tiene tanto un valor simbólico -con un viraje hacia una postura internacional más abierta- como el valor práctico de reconocer, de modo explícito, que el fenómeno del narcotráfico es transnacional y que requiere cooperación más allá de las fronteras.
Sin embargo, este paso no está exento de conflictos.........

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