El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó de ser el guardián discreto de la Constitución para convertirse en el epicentro de la crisis institucional boliviana. La prórroga de su propio mandato y del de los altos tribunales mostró su poder real: puede reescribir las reglas del juego sin pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional y sin pedir permiso a la ciudadanía.

La Declaración Constitucional 0049/2023, que prorrogó “excepcional y temporalmente” el mandato de magistrados del Órgano Judicial y del TCP, abrió una grieta que la teoría constitucional clásica no logra cerrar. Un órgano con mandato definido decidió extender su propia vigencia, invadiendo el ámbito de competencia del constituyente y de la Asamblea Legislativa, y lo hizo en nombre de la defensa de la Constitución.

Diversos análisis académicos coinciden en que esta autoprórroga supone una extralimitación competencial que rompe el principio democrático elemental: quienes ejercen poder deben estar sometidos a reglas temporales que ellos mismos no pueden modificar unilateralmente. Cuando además se invalidan intentos legislativos de revertir o limitar esa prórroga, el mensaje político es brutal: la última palabra ya no la tiene la Constitución, sino la mayoría circunstancial del TCP en turno.

La Ley 027 se presentó como ley de desarrollo constitucional de los artículos 196 a 204 de la Constitución, llamada a regular la estructura, organización y funcionamiento del TCP. Le reconoce la calidad de intérprete supremo de la Constitución, de cuyas decisiones no cabe recurso ulterior, dotándolo además de independencia económica y presupuestaria frente a los demás órganos.

El problema es que esa arquitectura de poder no vino acompañada de........

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