A punto de cumplirse el primer año del gobierno de Rodrigo Paz, Bolivia enfrenta una situación mucho más peligrosa de lo que parece. Además de padecer el desastre económico heredado de casi dos décadas de gobiernos del MAS, se aproxima a una crisis estructural de enormes proporciones en energía, hidrocarburos, inversión, transporte y costo de vida. Tras un año de gestión, el Gobierno aún no presenta un programa integral para enfrentarla, y la improvisación, las contradicciones y las graves denuncias de corrupción en su entorno amenazan con destruir la confianza ciudadana cuando el país más necesita liderazgo, credibilidad e inversiones.

Es justo reconocer algunos aciertos: la corrección de los insostenibles subsidios a los combustibles, el acercamiento al FMI y otros organismos multilaterales, la reducción parcial del aparato estatal y una mayor apertura hacia la economía privada. Pero, siendo necesarias, resultan claramente insuficientes. Bolivia no necesita solamente administrar la crisis, sino transformar profundamente su modelo económico, energético e institucional.

La amenaza más grave y menos comprendida es el progresivo agotamiento del gas natural, que durante décadas sostuvo las exportaciones y las finanzas públicas. La producción, que superó los 60 millones de metros cúbicos diarios, ha caído drásticamente y las reservas se reducen por falta de exploración. Como buena parte de nuestra electricidad depende de termoeléctricas a gas, el país podría verse obligado a importar gas, diésel u otros combustibles a precios internacionales, lo que encarecería la electricidad y agravaría la escasez de divisas. El riesgo es pasar de exportador de energía a país dependiente de costosas importaciones energéticas.

Resulta incomprensible que no exista un programa nacional para atraer inversiones en exploración y acelerar la transición hacia una matriz eléctrica........

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