Las denuncias de Samuel Doria Medina sobre una presunta red de protección al narcotráfico en el Beni, sumadas a las comprometedoras grabaciones atribuidas a Fernando Cerimedo, exasesor cercano del presidente Rodrigo Paz, constituyen uno de los escándalos más graves que enfrenta el Gobierno. Lo alarmante no es solo la posible existencia de una organización que facilita la salida de avionetas cargadas de cocaína, sino la sospecha de que funcionarios encargados de combatir el narcotráfico habrían colaborado con ella. Resulta indignante que la principal respuesta del viceministro antidrogas, Dorian Badani, sea exigir pruebas a Doria Medina en lugar de explicar qué hace su institución para esclarecer los hechos.

Según información de una senadora beniana, Doria Medina denunció que durante los gobiernos del MAS se cobraban presuntamente 50.000 dólares por permitir la salida de avionetas con unos 500 kilogramos de cocaína, y que bajo el Gobierno de Paz la tarifa habría subido a entre 70.000 y 80.000 dólares por aeronave. De confirmarse, estaríamos ante una estructura de corrupción que no solo sobrevivió al cambio de Gobierno, sino que aumentó sus ganancias ilegales.

Las denuncias no surgieron de la nada. El 28 de septiembre, el vicepresidente Edmand Lara difundió una grabación atribuida a Cerimedo y a una mujer no identificada, en la que se hablaba de pagos de 15.000 dólares por aeronave, de permitir operaciones aéreas en San Ramón, San Joaquín y San Borja, y de coordinaciones con controladores aéreos. Lara sostuvo que Cerimedo coordinaba con el entonces director de la FELCN, coronel Franz Cabrera Quispe, y con personal de Naabol. Al día siguiente se difundió otro audio atribuido a Cerimedo y Cabrera, sobre la preparación de actuaciones contra dos........

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