Bolivia entra en una nueva etapa de una discusión que debería preocupar a todos los demócratas. Tras 53 días de bloqueos que dejaron 22 fallecidos y pérdidas por más de 3.000 millones de dólares, el Gobierno de Rodrigo Paz insistió en la misma herramienta extraordinaria: la ampliación del Estado de Excepción por otros 90 días, ya aprobada por la Asamblea, para evitar que se repita el escenario de mayo y junio.

El problema no es que un Gobierno use excepcionalmente los instrumentos constitucionales ante una verdadera conmoción interna, sino que una situación recurrente se enfrente con una excepcionalidad también recurrente: el Estado de Excepción fue concebido para lo extraordinario, no como sustituto de una legislación capaz de anticipar conflictos previsibles. Surge la pregunta: ¿por qué depender de sucesivas extensiones cuando la Asamblea tiene desde hace meses proyectos para fijar reglas permanentes frente a los bloqueos?

La contradicción se agudiza con la percepción ciudadana: un sondeo digital del IBCE (1.362 respuestas) halló que 96% rechazó los bloqueos, 97-98% consideró que vulneran la circulación y el trabajo, y 95% apoyó una Ley Antibloqueos urgente. No es representativa de toda la población, pero recoge una señal social fuerte.

Tampoco la Asamblea carece de alternativas: desde 2025 hay alrededor de una decena de iniciativas para garantizar la libre transitabilidad y sancionar el bloqueo. El diputado Alejandro Reyes anunció en enero que la ley sería priorizada, pero perdió impulso tras objeciones sindicales; Paz declaró que no era su promotor, aunque sostuvo que los bloqueos obstaculizan el desarrollo. Tras semejante paralización, el Ejecutivo debería construir activamente una legislación equilibrada en vez de descansar en la excepcionalidad.

Una buena Ley Antibloqueos no debería ser una........

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