En medio de la incertidumbre económica que atraviesa Bolivia, hay una discusión que ha dejado de ser exclusivamente cambiaria para convertirse en un problema jurídico y social: ¿qué sucede con los contratos celebrados en dólares antes de la implementación del nuevo régimen cambiario?

Detrás de cada contrato de compraventa de un terreno o inmueble hay familias que ahorraron durante años, personas que asumieron compromisos financieros y ciudadanos que confiaron en las condiciones establecidas al momento de adquirir un bien.  Pero también existen empresas que celebraron contratos, asumieron obligaciones y necesitan reglas claras para desarrollar sus actividades económicas.  En ese escenario aparece la Resolución Ministerial N.º 416, de 29 de octubre de 2026, cuya publicación, lejos de cerrar el debate, ha generado nuevas interpretaciones sobre sus alcances.  

El problema comienza cuando se pretende atribuirle efectos que no necesariamente tiene: modificar contratos, congelar el tipo de cambio o establecer una regla general para todas las cuotas pendientes. Su contenido es más específico, la Resolución 416 establece que la Resolución Ministerial N.º 245, del 26 de junio de 2026, produce efectos hacia el futuro y no tiene carácter retroactivo. Esto significa que, como regla general, una disposición nueva no puede aplicarse hacia atrás para alterar situaciones jurídicas consolidadas bajo una normativa anterior. 

Sin embargo, hay algo que debemos comprender: la irretroactividad no significa que todos los contratos celebrados antes del 26 de junio deban mantener necesariamente el tipo de cambio de Bs 6,96 durante toda su vigencia. Tampoco significa que las empresas puedan trasladar automáticamente el nuevo régimen cambiario a cualquier obligación pendiente. Entre ambas interpretaciones existe una diferencia jurídica fundamental que merece ser explicada y no malinterpretada.

El contrato no desaparece frente al cambio económico.  Nuestro........

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