La promulgación de la Ley 157, orientada a la reconversión de la pequeña propiedad agraria, abre una ventana concreta para dinamizar el agro boliviano. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira apunta a un universo que supera las 800.000 unidades productivas de pequeña escala en el país, responsables de una parte sustantiva del abastecimiento interno. No es una reforma marginal: es una apuesta estructural.

El potencial es evidente. La norma busca facilitar la reconversión productiva, mejorar el acceso a tecnología, ordenar la tenencia y elevar la productividad en parcelas que, en muchos casos, no superan las cinco hectáreas. Si se ejecuta correctamente, puede traducirse en mayor producción, ingresos rurales más estables y un impulso directo a la seguridad alimentaria.

Pero el éxito no dependerá del diseño, sino de la ejecución. Aquí entra el factor decisivo: la fiscalización. ¿Cómo se garantizará que la reconversión no sea utilizada para fragmentar artificialmente la tierra o concentrarla por vías indirectas? La clave estará en sistemas de control claros, interoperabilidad institucional y seguimiento técnico permanente.

La historia agraria boliviana ha demostrado que las reformas pueden marcar un antes y un después cuando se hacen bien. La Ley 157 tiene ese potencial. Convertirla en una oportunidad real —y no en un nuevo foco de distorsión— dependerá de algo simple y exigente a la vez: que el Estado haga bien su trabajo.

(*) El autor es editor

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