En medio de la discusión sobre las prioridades del presupuesto de 2027, la decisión del Ministerio de Vivienda de financiar centros comunitarios de culto ha abierto una controversia que excede el monto de los recursos. La medida, incorporada al programa de 2026, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre política y religión y sobre el lugar de lo religioso en la esfera pública de una democracia liberal.

Confieso que mi primera reacción al conocer la medida fue de inquietud. La posibilidad de que existan normas que explícitamente permitan al Estado destinar recursos de todos para favorecer las convicciones de algunos, enciende alarmas. Pero esa lectura inicial merece, creo, una segunda mirada. La historia político-institucional vuelve sobre una distinción que me parece pertinente: la laicidad declarada del Estado no equivale a la secularización de la sociedad. La historiografía muestra que la secularización chilena del siglo XIX no expulsó al catolicismo de la vida pública, sino que solo transformó su presencia. Tras la consagración normativa de la libertad de culto (1865) y la declaración del carácter laico del Estado, en 1925, lo católico........

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