En la última semana, Bolivia asistió una vez más al espectáculo de la decadencia institucional. Lo ocurrido en el Tribunal Supremo Electoral —con conatos de violencia, presiones cruzadas, acusaciones de parcialidad y la sombra siempre presente del cálculo político— ha puesto en evidencia que no estamos ante una crisis coyuntural, sino ante un sistema que se resiste a ser saneado. Como una vieja casa infestada por roedores, la política boliviana necesita con urgencia una desratización profunda, no simbólica, sino estructural. Y esa limpieza no se limita a la Plaza Abaroa aledaña al órgano electoral, sino que debe alcanzar las prácticas que corroen la credibilidad del Estado.

Los acontecimientos recientes no son hechos aislados. Son síntomas de una patología política crónica: la captura de las instituciones por parte de círculos de poder que se reciclan dentro y fuera del gobierno, sin importar los colores partidarios. Lo que debía ser un órgano técnico, imparcial, garante del voto ciudadano y del juego democrático, se ha convertido en terreno de disputa facciosa, donde lo que pesa no es la vocación institucional sino el alineamiento con una u otra corriente política. Basta recordar el colapso del proceso electoral de 2019 para comprender que, cuando el árbitro se percibe parcial, todo el sistema tambalea.

Cuando la institucionalidad se vuelve un campo de batalla partidario, se pierde la brújula........

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