En 2022, cuando las fuerzas ucranianas intentaron usar la red de satélites Starlink para guiar drones sobre Crimea, SpaceX limitó unilateralmente esa capacidad por el riesgo de que la maniobra reclasificara el servicio bajo control de exportaciones estadounidense. La decisión no la tomó ningún gobierno, sino una empresa privada, obligada por una ley de un tercer país. El episodio resume el debate que hoy avanza en Bruselas: ¿puede Europa fiarse de una industria de defensa cuyo funcionamiento depende, en última instancia, de una licencia del Departamento de Estado de Estados Unidos?

La norma detrás de ese riesgo es el ITAR (International Traffic in Arms Regulations), el régimen bajo el que el Departamento de Estado, a través de su Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC), autoriza la exportación de material de defensa. Su rasgo más incómodo para Europa es la extraterritorialidad: no protege solo el componente exportado, sino cualquier sistema que lo incorpore, mediante los llamados Technical Assistance Agreements (TAA), acuerdos que exigen autorización previa de Washington para transferir la tecnología asociada o reexportar el producto final a un tercer país, con independencia de dónde se haya ensamblado. Y esa dependencia es mayor de lo que parece: se estima que hasta un 60 % de los subsistemas de los drones europeos procede de fuera de la UE, mayoritariamente de Estados Unidos y China.

Frente a ello, el mercado europeo empieza a exigir en la práctica el estatus........

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