Los documentos desclasificados del 23F aportan una declaración de Juan Carlos I que reviste tanto valor retrospectivo como sentido premonitorio: "Juro que ni abdicaré la Corona ni abandonaré España". Aludía el rey a su resistencia contra las intenciones golpistas, pero el juramento de 1981 prescribió cuando fue constreñido a abdicar (2014) y a marcharse de España (2020).

Urgía proteger la Corona de la conspiración que había urdido el propio monarca a cuenta de sus delitos y de sus desórdenes. Pedro Sánchez y Felipe VI arbitraron el pintoresco destierro en Abu Dabi, aunque el emérito haya protagonizado toda suerte de incursiones territoriales, haciéndose el encontradizo y aspirando al resarcimiento.

Ha de quedar claro que Juan Carlos I no vuelve porque aspira a hacerlo en las condiciones que él pretende. Suya es la decisión, no de su hijo ni de Pedro Sánchez, pero no son suyas las condiciones. Empezando por el acatamiento al régimen... fiscal que le exponía la Casa Real en el comunicado del pasado viernes.

Tiene sentido plantearse el final del oprobio. Y no porque lo hayan absuelto los documentos desclasificados -nada nuevo han aportado respecto al papel ejemplar del Borbón-, sino porque la prolongación del exilio en la satrapía árabe predispone la anomalía de un fallecimiento en ultramar con toda suerte de contraindicaciones.

Los deméritos del emérito no justifican una condena de semejante proporción. Podemos dar por cumplido el periodo de expiación, siempre y cuando Juan Carlos I no pretenda alojarse en la Zarzuela ni aspire a la restitución de rentas, de tareas y de honores. La "reconciliación" es oportuna como una prueba de generosidad del Estado, no como un derecho amparado en sus proezas políticas.

La mayor de todas ellas consiste en la gestión del 23F, objeto de una desclasificación que ha puesto en evidencia la elasticidad y transformismo de la política española. Empezando por Núñez Feijóo, cuyos recelos preventivos a la iniciativa de Sánchez dio lugar a una primera interpretación equivocada: el presidente del Gobierno pretendía aportar dudas al papel de Juan Carlos I en la sonada, debilitar la monarquía, afilar los sables republicanos.

Se equivocó el líder popular, pero en lugar de rectificar y disculparse ante la figura de Sánchez, se ha puesto en cabeza de los juancarlistas que reclaman el regreso de su emérita majestad con una vehemencia que pretende encubrir un nuevo error político: Feijóo desluce la iniciativa de la desclasificación... al tiempo que se convierte en el más entusiasta de sus exégetas.

Es sensato reclamar el fin del destierro. Y no porque los documentos confirmen la versión de los hechos perfectamente asumida, sino por las razones "humanitarias" que podía haber esgrimido Feijóo hace una semana, un mes o un semestre, sin necesidad de presionar, como ha hecho ahora, a Felipe VI. El problema consiste en que Juan Carlos I no quiere regresar como un espectro ni como un ejemplo de la piedad de los españoles, sino como un héroe.

De hecho, la mirada retrospectiva del 23F consolida su reputación en un episodio tan meritorio como remoto. Sabemos que Juan Carlos I fue la clave que malogró el Golpe, pero los méritos han funcionado como un aval excesivo a tantas fechorías posteriores. Se creyó impune e inmune el jefe del Estado. Y condujo el juancarlismo a un proceso degenerativo que terminó costándole la corona.

La prolongación indefinida del exilio abre un frente menos retórico y más práctico. Un fallecimiento en Abu Dabi, con todo su protocolo fúnebre y su exposición internacional, introduciría un elemento de perturbación innecesaria. Gestionar el regreso no equivale a canonizar una trayectoria, sino a anticipar escenarios. La política madura no se mide por su capacidad de exaltar, sino por su habilidad para administrar las incomodidades.

El problema se agudiza cuando el retorno se asocia a una redención integral. Volver físicamente no implica reinstalarse simbólicamente en el centro ni pretender influir. Requiere prudencia, silencio, transparencia económica y fiscal. Todo lo contrario de cuanto indican sus declaraciones a El Mundo: "Al final van a tener que reconocer lo que hice. Voy a acabar ganando".

Felipe VI ha construido su reinado sobre una idea de ejemplaridad más rígida, menos expansiva, más consciente del escrutinio público. Encajar el pasado sin que desborde el presente exige una coreografía delicada.

Y el pasado, en este caso, no se limita a anécdotas frívolas ni a excesos privados. El deterioro reputacional nació de conductas financieras y de hábitos inmorales del todo incompatibles con la jefatura del Estado. Ahí se produjo el verdadero sabotaje, más corrosivo que cualquier crítica republicana. Juan Carlos I no es una víctima. La Corona sufrió no por una campaña externa, sino por la fractura entre el comportamiento y responsabilidad del titular.

El dilema no admite sentimentalismos. Mantener el destierro como penitencia indefinida tampoco fortalece la institución que se quiso proteger. Convertir el regreso en trofeo partidista la debilita por otra vía. Entre la humillación perpetua y la rehabilitación acrítica se abre un espacio estrecho que reclama discreción, acuerdo y cálculo. No para reescribir la biografía del emérito, sino para cerrar un paréntesis que ya dura demasiado y cuya ambigüedad termina contaminándolo todo.

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