El Estado paga y el propietario pierde: las sombras del RD 29/2026
La aprobación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre ha introducido uno de los cambios más relevantes en el mercado del alquiler de los últimos años. La norma amplía la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 e incorpora un nuevo mecanismo por el que la Administración asume el pago de la renta ante el incumplimiento del arrendatario de su obligación de pago y cuando no pueda ofrecer una alternativa habitacional para proteger al arrendatario.
Sobre el papel, se pretende conciliar dos intereses legítimos: garantizar vivienda a las familias vulnerables y evitar que el propietario quede completamente desprotegido ante el incumplimiento contractual. Sin embargo, el diseño y la estructura de esta medida plantea serias dudas jurídicas y económicas que no conviene ignorar.
La primera afecta al importe de la compensación pública a percibir por el arrendador. El Real Decreto ley vincula el pago a los índices oficiales de referencia del alquiler, de modo que la administración no necesariamente abonará la renta pactada en el contrato. Esto significa que, en determinadas zonas, un propietario podría percibir una cantidad inferior a la que acordó con su inquilino, lo que supondrá un claro perjuicio para el propietario que asumirá esta diferencia pese a no haber cumplido con sus obligaciones contractuales.
La segunda cuestión es de carácter práctico. El reconocimiento de una obligación de pago por la administración no garantiza que el dinero llegue de forma inmediata. La tramitación administrativa,........
