El Real Decreto-Ley por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio tiene ciento cuarenta páginas. Consta de sesenta y cuatro artículos, catorce disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciocho disposiciones finales. El concepto de urgente necesidad, que justifica la aprobación de un decreto-ley, ha sido estirado hasta el límite y más allá. Cuestiones que deben ser abordadas en el marco de una crisis, como rebajas de la presión fiscal o el incremento de ayudas a consumidores vulnerables, se mezclan con una reforma en profundidad de la normativa energética, en unos casos para bien, en otros para mal y, en otros, para seguir pagando tributo a una concepción ideológica del sistema energético incompatible con su realidad técnica y económica. Es al cambio normativo a lo que se dedican estas líneas.

De las mejores cosas de este decreto-ley es la forma de abordar la congestión existente en la red eléctrica, donde existen derechos de acceso y conexión concedidos que fueron solicitados para comerciar con ellos, que, de momento, no tienen una finalidad específica y tampoco se está acometiendo ningún tipo de trabajo para su conexión a una demanda concreta. La solución establecida es obligar a empezar a pagar peajes como si la conexión estuviera funcionando. Los peajes "adelantados" se descontarían de los peajes a pagar cuando la red estuviera funcionando de forma efectiva. Si alguien no quiere empezar a pagar, puede renunciar a la conexión concedida sin coste alguno. Se espera que esta nueva normativa libere capacidad de conexión a la red.

En el capítulo positivo cabe también incluir la declaración de "utilidad pública" para las instalaciones de bombeo hidráulico, y cambios en la normativa que facilitan la instalación de baterías. Todo lo que sea impulsar el desarrollo del........

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