Hay una compañía de ferries cotizada en Dublín, Irish Continental Group, dueña de Irish Ferries, sobre la que su propio equipo directivo ha lanzado una oferta para llevársela a casa. Ocho euros por acción, mil doscientos millones de euros, un management buyout de manual: los cuatro gestores que mejor conocen el negocio, que ya controlan el 23,7% del capital, se asocian con un fondo de infraestructuras y con dos bancos y compran el 100%. Hasta aquí, nada que un inversor español no reconozca. Lo que cambia es lo que viene después.

En Irlanda, como en el Reino Unido, una operación así se somete a los accionistas mediante un scheme of arrangement, y la regla es tan simple como demoledora para quien pretenda imponer un precio: los directivos que compran no pueden votar. Su 23,7% queda fuera de la votación. La decisión de si la empresa sale de bolsa a ocho euros la toma, en junta y por una mayoría del 75%, el capital independiente. El comprador propone; el vendedor dispone.

La diferencia no es un tecnicismo registral. Es la línea que separa un mercado en el que el dueño de una acción puede decir que no, de otro en el que se le expropia con papeleo. En ICG, como el equipo comprador está excluido, basta con que algo más de una cuarta parte del capital independiente que acuda a la junta vote en contra para que la oferta no prospere. El minoritario, ese al que en España se le trata como convidado de piedra, aquí tiene una papeleta que cuenta.

Lo cuento porque hemos actuado en defensa de los inversores. Desde Avantage Capital, asesores de tres vehículos que en conjunto poseen algo más del 0,5% de ICG, la última semana de julio escribimos a la compañía para trasladar nuestra intención: recomendaríamos votar en contra si el precio se quedaba en ocho euros, a favor si subía a 9,60. Nos........

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