"No vengan a especular. No vengan a hacer trampas, aplicaremos todo el peso de la ley. A los especuladores les decimos que Cataluña no es el país, ni la vivienda el sector, para sus negocios"

Palabras de Salvador Illa, presidente de la Generalitat. Horas antes El Confidencial había informado de la decisión del fondo británico Patron Capital de deshacerse de su cartera inmobiliaria de colivings, operada a través de la socimi Vandor Real Estate y con la mayoría de los edificios de su propiedad en zonas céntricas de Barcelona. Puestas ambas cuestiones en relación, la información de El Confidencial y el discurso del presidente de la Generalitat, bien podría resumirse la respuesta del segundo como un metafórico corte de mangas que en palabras funcionaría tal que así: ¡Que os vaya bonito".

Una semana antes, el presidente de la Generalitat prestó apoyo institucional para evitar un desahucio que había adquirido carácter simbólico en el barrio barcelonés de Gracia, en un inmueble propiedad de otra sociedad que impulsa también colivings, New Amsterdam Developers. La historia era la común en estos casos: compra del inmueble por parte del fondo, no renovación de los alquileres a los inquilinos y negativa a su renegociación y reforma para explotar los pisos bajo la fórmula de alquiler por habitaciones. También en esta ocasión habló claro Illa: estoy al lado de los vecinos de Barcelona, no del dinero anónimo que pretende multiplicarse anonimizando los barrios de Barcelona y haré lo que pueda por reventaros el negocio que preveíais.

¿Sorprende que un socialista moderado en las formas se muestre tan decidido en la cuestión de la vivienda? La verdad es que no. Cataluña experimenta desde hace años con la intervención del mercado de la vivienda en España. Fue pionera en la intervención del mercado de la promoción inmobiliaria (30% de reserva para protección oficial en zonas consolidadas que impuso Ada Colau en Barcelona), el mercado de alquiler (zonas tensionadas, índices de referencia, ahora también lo propio con alquileres temporales y por habitaciones) y en el de acceso a la propiedad (duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores y proyecto de ley de limitación del derecho de compra). Y además Illa está obligado a hacer pivotar su gobierno bajo las exigencias de ERC y los Comunes.

El presidente de la Generalitat no sólo amenaza. Suma a las medidas de coerción e intervención, el objetivo de construir 50.000 viviendas de protección oficial hasta 2030, con un horizonte de construcción de 210.000 en la próxima década, de las cuales la mitad en régimen de protección oficial. A Dios rogando (construir) y con el mazo dando (intervenir y amenazar). Las cifras de futuras promociones, bastante alejada de las previsiones más realistas que manejan los promotores inmobiliarios más experimentados, van........

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