Recuerdo de niño que mi madre me explicó el origen humilde de su familia. Mi abuelo venía de una familia ya humilde, huérfano desde los 11 años y sin cobertura de orfandad en la Seguridad Social de la España de 1915. Pero mi abuela venía de una familia con tierras, pero las tuvieron que vender para pagar los costes médicos y medicamentos de su padre, con una enfermedad crónica que le impedía trabajar. Cubrir ese riesgo de pobreza es lo que justifica el desarrollo de la cobertura de la incapacidad temporal, especialmente desde que comenzó nuestra democracia en 1978.

El debate que ha abierto Alberto Núñez Feijóo esta semana pone luz sobre uno de los principales problemas que tiene la economía española. El problema es de tal magnitud que la AIReF, dentro de su obligación de analizar la eficiencia de las políticas públicas y proponer medidas para mejorar su eficiencia, acaba de publicar un informe muy exhaustivo. La incapacidad temporal supuso un gasto público a la Seguridad Social de 17.000 millones y a las empresas de 16.000 millones. El gasto total y público se ha triplicado desde 2015 y se ha doblado desde la pandemia y ya suma el 2% del PIB.

El gasto tiene un fuerte componente cíclico, ya que cayó un 30% desde 2008 hasta 2013, durante la Gran Recesión, y no ha parado de subir desde entonces. El problema viene después de la pandemia. Todo el análisis de datos que hace la AIReF está relacionado con la confianza de los trabajadores. El problema es mayor en empresas grandes que en pequeñas, por el menor temor a que les despidan en las grandes. Y la tasa de incidencia es la mitad en Andalucía y Extremadura, las regiones con menor problema, que en Cataluña y País Vasco, las regiones con el mayor problema. Cuando los trabajadores tienen menos miedo a perder el empleo, aumentan las bajas y el absentismo y viceversa. Los autónomos que no tienen esa cobertura del sistema y, si dejan de trabajar, dejan de tener ingresos, apenas tienen bajas y cero absentismo.

Como denuncia la AIReF, el principal problema es el colapso de la sanidad pública, principalmente por el brutal aumento de población inmigrante, y el problema irá a más en los próximos años tras el proceso de regulación que está aprobando el Gobierno de Sánchez. La gestión de la sanidad es responsabilidad de las comunidades y la AIReF denuncia el caos de la gestión de los datos, que no son........

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