Algunos medios, importantes, han analizado los autos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que suspenden cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) practicadas con arreglo a una instrucción gubernamental que desarrollaba la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, de una manera banal, tendenciosa y, desde luego, ignorante.

La que no puede aducir ignorancia es la firmante de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada con una rapidez inusitada solo unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Me refiero a Sofía Puente, que entonces desempeñaba en el Ministerio de Justicia el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Es, efectivamente, hermana del ministro Óscar Puente. Pero su nombramiento como directora general fue muy anterior a la designación de su hermano como responsable de Transportes.

Sofía Puente, que ahora se prodiga en los medios oficialistas, es fiscal de carrera (estuvo destinada en Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid), fue también fiscal delegada de violencia sobre la mujer y directora del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia entre 2010 y 2012; poco después, ocupó plaza en el Consejo Fiscal en representación de la Unión Progresista de Fiscales. En la actualidad es la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.

Sofía Puente, por lo tanto, dispone de una brillante trayectoria profesional. Y es esa cualificación la que hace ininteligible que, como directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública (lo fue entre 2020 y 2023), haya dictado una mera instrucción para desarrollar una disposición legal, desvirtuando su letra y su espíritu.

Esa grave........

© El Confidencial