La universidad española debe recuperar el gobierno de su evaluación científica
La ciencia exige que sus afirmaciones puedan comprobarse. La universidad debería exigir lo mismo de las decisiones con las que juzga a sus investigadores. Qué se ha valorado, con qué evidencias y por qué una contribución merece reconocimiento son preguntas elementales. Responder con el nombre de una base de datos o con el cuartil de una revista deja pendiente lo fundamental: explicar el valor del trabajo.
España necesita debatir hasta dónde quiere hacer depender su evaluación científica de Scopus, propiedad de Elsevier, y de Web of Science, propiedad de Clarivate. Ambas ofrecen información útil. Pero su utilidad como herramientas no les confiere autoridad suficiente para definir qué investigación merece apoyo público. Esa responsabilidad corresponde a instituciones que deben responder ante la comunidad científica y la sociedad.
Una empresa selecciona los contenidos de su producto. Una comisión decide qué consecuencias atribuye a esa selección. Cuando convierte la pertenencia a un catálogo en una credencial automática de excelencia, está tomando una decisión sobre la política científica, aunque la presente como una operación técnica.
Hay dinero suficiente en juego para exigir explicaciones. La relación oficial de contratos de FECYT recoge dos adjudicaciones formalizadas en diciembre de 2023, con una duración de 36 meses: 9.716.497,27 euros para Scopus y 13.943.553,42 euros para Web of Science, IVA incluido. Suman 23,66 millones de euros. Son importes adjudicados para servicios de acceso; no acreditan por sí solos pagos ejecutados ni representan el coste total de la evaluación científica española. FECYT, contratos formalizados en 2023, p. 4.
Son servicios, periodos y tratamientos fiscales distintos y deben presentarse por separado
La dimensión económica se amplía al observar los acuerdos editoriales. El contrato de suscripción y publicación en acceso abierto entre CRUE y Elsevier, fechado el 11 de junio de 2025, recoge tarifas para las instituciones participantes que suman 97,99 millones de euros antes de impuestos durante 2025–2028, según el cálculo agregado de su anexo 1. Es un compromiso contractual de lectura y publicación, no una certificación de pagos ejecutados ni una segunda licencia de Scopus. Tampoco corresponde exclusivamente a universidades públicas: incluye otras entidades participantes. Contrato CRUE–Elsevier, cláusulas 4 y 5 y anexo 1, pp. 19–31.
Son servicios, periodos y tratamientos fiscales distintos; deben presentarse por separado. Pero permiten formular una pregunta común: ¿qué capacidad de decisión conserva el sistema científico cuando contrata con grandes proveedores tanto la circulación del conocimiento como las herramientas que utiliza para medir su reconocimiento?
Las cifras no demuestran por sí solas un despilfarro. Sí justifican exigir una evaluación pública de esas contrataciones: qué necesidades cubren, qué resultados ofrecen, qué limitaciones presentan y qué capacidad propia estamos construyendo. Una suscripción puede ser razonable. Su renovación no debería quedar protegida del escrutinio por la costumbre.
El problema del interés comercial tampoco requiere atribuir malas intenciones. Una empresa tiene incentivos para vender sus servicios y conservar clientes. Una universidad pública debe reconocer conocimiento riguroso y socialmente relevante, incluso cuando resulta poco visible en los productos que contrata. Ambos intereses pueden coincidir. Corresponde a la institución demostrar cuándo coinciden y establecer garantías cuando........
