La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sabe desde el primer día que le pusieron los galones que su misión en este mundo es la defensa de un condenado. Es una cuestión paradójica porque, siendo fiscal, ella sabe, como todos sus compañeros, que los dos primeros mandamientos constitucionales del Ministerio Fiscal son los de velar por el cumplimiento de las leyes y defender la independencia de jueces y tribunales. Un fiscal general defendiendo a un condenado por sentencia firme, que acusa veladamente de prevaricador al tribunal que lo condenó, es una contradicción en sí misma. Como pretender ser árbitro de fútbol y presidente de los hinchas fanatizados del equipo al que va a pitarle el partido. La comparación con los supporters es conveniente porque es como si a la fiscal general del Estado le hubiera ocurrido lo mismo que al presidente de la FIFA en este Mundial de fútbol, que lo llama Donald Trump para que le quite una tarjeta roja a un jugador de su equipo y el tipo accede, complacido. Pues igual, su misión como fiscal general es la de quitarle la 'tarjeta roja' de la condena a su amigo, Álvaro García Ortiz, único fiscal general condenado de Europa con sentencia firme.

Como desde su condena en el Tribunal Supremo el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es el de 'amnistiarlo' social y jurídicamente, lo que hace Peramato ahora es sumarse a la consigna con una propuesta insólita, condecorar a un condenado. Ahí es nada. En todo caso, lo que nadie podrá reprocharle a esta........

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