Por cuarenta euros se condena a gente por corrupción en España. La sentencia se ha dictado en el País Vasco y conviene resaltarla para aquellos que, con frecuencia, hablan de ‘lawfare’ cuando se refieren a algunos procedimientos judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el proceso que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez, de la que el propio presidente ha llegado a decir que la persiguen "con bulos y noticias falsas, una campaña de acoso y derribo que carece de toda base legal y sólo responde a una estrategia de la derecha, de la extrema derecha y sus terminales". "Guerra sucia judicial", replican en su entorno cada vez que se conoce un auto del juez que está instruyendo la causa; es decir, lo mismo que vienen afirmando desde que se inició el proceso y sentenciaron que tenía que archivarse de inmediato.

Como dos años después, la causa sigue viva, y acumula nuevas evidencias, las descalificaciones aumentan el volumen, "guerra sucia", y a menudo reducen todo lo ocurrido a las rutinas laborales de una mujer trabajadora. "Una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja el de cualquier profesional, trabajador como millones de españoles en nuestro país", como la describe Pedro Sánchez. Viene a ser lo mismo que si, en un juicio cualquiera, el acusado de cualquier delito quisiera convencer a los magistrados de que es un buen padre, amigo de sus amigos, y un vecino servicial, y que por eso deben absolverlo. En fin, que la cuestión es distinta, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y resulta, además, que en un entorno tan bien asesorado como el de la Presidencia del Gobierno de España la pulcritud va mucho más allá de lo que sería exigible a cualquier otro ciudadano. Por eso, la sentencia de los cuarenta euros es relevante.

Lo sucedido en el País Vasco ocurrió en Durango, en marzo de 2023. Los agentes de la Ertzaintza multaron a un camionero francés por una infracción de tráfico y, con la reducción del 50% pagó 40 euros. Unos días después, el 22 de marzo, entre las 19.36 y las 19.51 horas, según recogen los hechos probados publicados por El Correo vasco, el jefe de operaciones de la comisaría entró en las oficinas de administración, cogió los cuarenta euros, se guardó la denuncia en el bolsillo y se marchó. Una cámara de vigilancia había grabado lo ocurrido, con lo que el jefe de operaciones tuvo que admitirlo cuando lo denunciaron otros agentes de la Ertzaintza. El acusado dijo en el juicio que cogió el dinero para pagar en una gasolinera, porque lo necesitaba, y que pensaba devolverlo. De hecho, repuso los 40 euros dos días después. Pero a esas alturas ya lo habían denunciado y, además, era inexplicable que también se hubiera llevado la denuncia y que la guardara en la guantera de su coche. Esa incoherencia y otras son las que apreció el jurado popular para declararlo culpable.

Hace dos semanas, la Sección Primera de la Audiencia de Vizcaya lo condenó a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer como agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos. En la sentencia se explica que le han impuesto la pena mínima que dicta el Código Penal porque la cuantía era «muy reducida» y porque carece de antecedentes.

En el caso de Begoña Gómez, que también será enjuiciada por un jurado popular, las cuantías presuntamente malversadas o apropiadas son muy superiores. Como al agente de la policía vasca, también se la acusa de malversación de caudales en uno de los procedimientos, mientras que en el otro procesamiento se enfrenta a la acusación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. Los dos casos son conocidos y tienen su origen en informaciones de El Confidencial. Informaciones acreditadas, documentadas, no "bulos y falsedades", como sostiene su marido, que ya la ha declarado "inocente", igual que a su hermano.

La malversación de caudales públicos tiene que ver con la utilización para sus negocios privados de una asesora de Presidencia del Gobierno, pagada con fondos públicos, Cristina Álvarez, que cobra unos 50.000 euros anuales. La sospecha del juez se ha visto reforzada en los meses de investigación cuando, por ejemplo, el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, declaró que se intercambió con ambas "ciento y pico" de correos electrónicos mientras negociaban el Máster de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigió. Para la realización de ese máster, la misma Universidad Complutense ha cifrado en 108.756,79 euros el dinero que tuvo que asumir para desarrollar el 'software' para la cátedra universitaria. Y se sabe también que cuando se dispuso del software, que habían creado para ella gratuitamente, empresas como Indra, Telefónica y Google, las dos primeras participadas por el Estado; cuando ya estaba confeccionado, Begoña Gómez registró la aplicación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La empresa que ofrecía esa herramienta informática pertenece a la mujer de Sánchez, que tiene el 100% de las acciones. Por este segundo caso, aunque esté conectado con el primero, es por el que la acusan de los demás delitos. Si Begoña Gómez tenía derecho a utilizar a la asesora de Presidencia para sus negocios, o si las grandes empresas y la Universidad colaboraron con ella por su competencia profesional, ya lo decidirán jurados y tribunales. Pero, por el momento, a la espera de que concluya la investigación conviene recordar esa sentencia del País Vasco. Por cuarenta euros se condena a gente por corrupción. Y dice la Constitución en su artículo 14 que todos los españoles somos iguales ante la Ley. Sea cual sea la sentencia finalmente, que por lo menos nos ahorren la matraca corrosiva de la guerra sucia del poder judicial los juglares del ‘lawfare’.

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